El Poder Legislativo recae en el Congreso de la Unión compuesto por dos Cámaras, la de Diputados y el Senado; su objetivo es elaborar las leyes que necesita nuestro país para funcionar. En los últimos tres años, el Congreso recibió 7 mil 788 iniciativas y 11 mil 935 proposiciones con punto de acuerdo que fueron procesadas, además, en seis años se aprobaron 31 reformas constitucionales, una cifra sin precedentes, colocándolo como uno de los parlamentos más productivos del mundo.
Sin embargo, existen temas que son de suma importancia para que sean discutidos por el Senado, entre los más destacados los nombramientos del Fiscal General y el Anticorrupción, así como la Ley Reglamentaria de los Gobiernos de Coalición y la ley que elimina el fuero, entre otros muchos.
En el caso del Fiscal General, los legisladores que integramos el Frente (PAN, PRD y MC) hemos señalado que es importante reformar el artículo 102 constitucional para dotarlo de autonomía; es imposible que echemos a andar una institución de procuración de justicia que herede los vicios de la PGR que ha mostrado ser incapaz de hacer frente a los retos que enfrenta el Estado Mexicano por su vínculo con el presidente.
Tradicionalmente, el PRI-Gobierno ha utilizado a la Procuraduría como un ente de persecución política, como ha sucedido en los últimos meses en una envestida contra Ricardo Anaya, a quien no le han comprobado la comisión de delitos pero tampoco dejan de señalarlo.
A todos nos indigna que la agenda de la sociedad civil haya quedado de lado, mientras que aquellos temas que le interesaban al Gobierno Federal, hayan salido incluso de madrugada, como sucedió con los dos Comisionados del INAI, cercanos al PRI y avalados gracias al apoyo de los senadores de Morena, pese a que los legisladores del Frente manifestamos nuestro rechazo.
La corrupción es un cáncer que debe ser erradicado, es una terrible realidad que afecta la vida de los ciudadanos todos los días; además, en los últimos años confirmamos que la corrupción sí mata, así lo demostraron los casos de el socavón en el paso exprés y las omisiones de las autoridades delegacionales que salieron a la luz tras los sismos de septiembre de 2017.
En ese contexto, México no cuenta con un Fiscal Anticorrupción a ocho años de la aprobación de la reforma constitucional que crea esta figura, que tiene como propósito ser la pieza clave en la persecución de estos delitos, así como fungir como coordinador del resto de las dependencias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción; si bien el SNA puede operar sin el Fiscal, no funcionará de manera óptima pues fue diseñado para contar con ese brazo ejecutor.
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Pese a haber terminado el periodo ordinario de sesiones, el Congreso continúa en funciones a través de la Comisión Permanente que podría llamar a un periodo extraordinario una vez que se cuenten con dictámenes aprobados en Comisiones para que las cámaras los discutan y se someta a votación.
En ese sentido, es urgente que se analicen a fondo en comisiones y en el pleno los dictámenes de muchos nombramientos que quedaron pendientes, e incluso revivir temas fundamentales para la vida del país, como podría ser la segunda vuelta en la elección presidencial. Este último tema no podría aplicar para este proceso electoral pero sí de cara al futuro.
Parece que el PRI está esperando los resultados de las elecciones del primero de julio que redefinirá el escenario político en México, para entonces mover sus piezas y ver con quien le conviene pactar, particularmente, cuando los sondeos auguran una histórica derrota en las urnas tras el lamentable gobierno de Enrique Peña Nieto; sin embargo, los legisladores de Acción Nacional consideramos que no podemos utilizar las leyes como moneda de cambio para pactar con el próximo gobierno. Es necesario y responsable actuar ya, con el futuro del país no se juega ni se regatea.