¿Las instituciones del país están realmente listas para la elección del 1 del julio?

La construcción institucional de nuestro país es fruto de años de lucha para que nuestros derechos políticos fuesen reconocidos; durante las décadas de la hegemonía priista, no fueron gestos de buena voluntad la creación de organismos como el Instituto Nacional Electoral, sino la presión de la oposición y de una sociedad cada vez más demandante.

La polémica jornada electoral de 1988, famosa por la “caída del sistema” cuyo responsable directo es Manuel Bartlett, quien entonces se desempeñaba como Secretario de Gobernación y la crisis postelectoral fueron elementos de presión sobre el Presidente de la República y el Congreso para aprobar diversas reformas en materia electoral de las que se desprendió la creación de un Instituto Federal Electoral autónomo, una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Esta fue la llave que abrió la puerta para que en 1994, el PRI perdiera la mayoría en el Congreso.

Las recurrentes crisis económicas a partir de la década de los años ochenta, hicieron despertar a la sociedad mexicana acabando con el mito de la “administración de la riqueza” y dejaron descubiertas las corruptelas que desde Los Pinos se maquinaban; la alternancia democrática en 2000 le dio al PAN una importante victoria, pero a la vez una responsabilidad sin precedentes: consolidar esa democracia naciente.

Sin embargo, ningún cambio verdadero está libre de resistencias, particularmente cuando se afectan intereses de terceros, de grupos que nada tienen que ver con el interés nacional. Se avanzó en la democratización a nivel estatal, el PRI fue perdiendo cada vez más estados, más congresos locales y presidencias municipales; también, se consolidaron instituciones claves para el país como lo son la CNDH con su autonomía, el INAI (entonces IFAI), el Instituto Nacional de las Mujeres; y se profundizó en un elemento clave, la libertad de expresión.

Es un error creer que la democracia inicia y termina en las urnas, en el hecho de que el voto cuente y se cuente. Es cierto, el sufragio libre y secreto es condición necesaria pero no suficiente, la democracia es también un conjunto de instituciones, de principios y valores que deben permear a la sociedad. Hemos avanzado muchísimo, de hecho nuestro sistema electoral, incluso la misma credencial de elector, son estudiados muy de cerca por otros países porque los consideran un ejemplo a seguir. No obstante, hay muchas áreas de oportunidad, nuestra democracia está inacabada por eso la relevancia de lo que ocurra el 1 de julio.

El Tribunal Electoral, que es un órgano especializado del Poder Judicial ha sido clave en la resolución de controversias, ha clarificado resultados y ha evitado que se cometan fraudes; pero también ha enfrentado críticas por sus recientes resoluciones polémicas como lo fue otorgarle la candidatura al “Bronco” pese a irregularidades y no haber alcanzado las firmas necesarias; o el reconocimiento del registro como candidato al Senado de Napoleón Gómez Urrutia, pese a no contar con una residencia efectiva de 6 meses en el país. Lo que claramente el Tribunal no resuelve por estar fuera de su competencia, es el sentido poco ético de MORENA y de López Obrador de postular a Napoleón cuando se sabe que le robó 55 millones de dólares a sus agremiados y huyó a Canadá. Sin embargo, el mandato del Tribunal Electoral es muy claro: proteger los derechos políticos, por lo que actúan en consecuencia, aunque la sensación que deja en la sociedad es de desaseo.

El gran reto que tenemos ahora como país es dar pasos al frente, y ni uno sólo para retroceder. Uno de estos pasos a favor de la democracia es darle autonomía a instituciones como la PGR, para que no sean utilizadas como parte de la estrategia política del Presidente de la República. En ese sentido, hemos visto en este periodo electoral los ataques en contra de Ricardo Anaya, quien se mantiene como el claro segundo lugar en las encuestas, pues la estrategia orquestada desde Los Pinos ha sido sembrar una duda en el electorado de que posiblemente ha incurrido en prácticas ilegales, pero al no contar con pruebas no lo han llevado a la justicia. Es decir, actualmente la PGR está invirtiendo más recursos en la persecución política contra quien tiene alternativa real de triunfo, en lugar de canalizarlos en ir tras los exgobernadores priistas que saquearon varias entidades de México como Chihuahua, Quintana Roo o Veracruz.

La sociedad mexicana ha evolucionado, ahora por ejemplo está informada en tiempo real, ahora sabe que su voto vale más que una despensa o un tinaco, sabe que su decisión tiene impacto en la vida nacional. Por ello, es importante pensar bien qué país queremos: uno que nos regrese a las épocas del presidencialismo rancio que provocó crisis, pobreza y estancamiento o una nueva etapa que profundice los equilibrios, en la que la transparencia siga sirviendo para monitorear a las autoridades, una en la que haya más y mejor rendición de cuentas, y una en la que sea la voz de lo ciudadanos y no la de un dictador la que sea escuchada. Nos merecemos un México que mire al futuro, un México en paz.

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