Justicia aplastada por la impunidad

Por David Olivo

La “condena” al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es la peor vergüenza con la que este gobierno puede despedirse. Y lo peor es que ante la indignación social de avalar la pronta liberación de este saqueador, prevalece la indiferencia del Ejecutivo Federal autoridad que utilizó la procuración de justicia con fines políticos.

Resulta irrisorio que este sujeto, surgido de los cuadros priista y miembro de esa generación de gobernadores transas, apenas y haya sido condenado a 9 años de prisión y a pagar una multa de poco más de 50 mil pesos, cuando está documentado el desfalco a su entidad, el cual es superior a los 60 mil millones de pesos.

Aquí una lista de algunos de los desvíos de “Javidú”:

La PGR abrió una carpeta de investigación por el desvío de al menos 35 mil 421 millones de pesos, entre diciembre de 2010 y octubre de 2016.

La Auditoría Superior de la Federación presentó ante la PGR 60 denuncias por el supuesto desvío de recursos públicos federales, que superaban los 60 mil millones de pesos.

El Congreso de Veracruz reveló en su informe de la Cuenta Pública 2015 que la administración de Duarte hasta ese año había generado un daño patrimonial al erario de más de 14 mil 200 millones de pesos.

Y a pesar del cúmulo de evidencias y funcionarios encarcelados, Duarte sólo reconoció una deuda por 450 millones de pesos, provenientes de recursos federales que debieron llegar a las arcas de la Secretaría de Educación, pero se quedaron en la de Finanzas.

Ya en agosto pasado, la PGR había reclasificado los delitos de Duarte, lo que le abría la puerta de la libertad. A pesar del entramado que armó para desviar millonarios recursos públicos, con la creación de empresas fantasma, la PGR no pudo (o no quiso) comprobar el delito de delincuencia organizada, y lo cambió por el de asociación delictuosa, el cual no es considerado grave.

Como parte de un proceso abreviado, el miércoles Javier Duarte se declaró culpable del delito de desvío de recursos, por lo que obtuvo una condena de 9 años; sin embargo, el exgobernador podría salir al cumplir solamente 4 años y medio en la cárcel, es decir, dentro de tres años -dado que lleva año y medio detenido-. O sea, en pocas palabras: desfalca el estado con más de 60 mil millones, lo detienen y sale libre en 4 años y medio.

Ya me imagino la celebración y felicidad de su esposa Karime Macías, quien después de la aprehensión de su marido se refugió en Londres, Inglaterra, donde ya solicitó asilo al considerarse víctima de una “persecución política”. De manera paralela, habría solicitado un amparo ante jueces mexicanos para evitar cualquier investigación en su contra. Vaya cinismo de esta mujer, cuyo mayor anhelo era tener abundancia.

Los desfalcos se suman al pésimo gobierno de este sujeto, quien dejó miles de personas desaparecidas y ejecutadas, toleró que Los Zetas operaran libremente y fue omiso ante los crímenes contra comunicadores y periodistas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene documentado que parte de este latrocinio fue cometido para beneficiar las campañas electorales del PRI de 2012 y de 2015; en la primera ganó Peña Nieto la Presidencia de la República.

La corrupción se desparrama en este sexenio y salpica a todos los priistas, cuyo manto de impunidad, al parecer, estará inamovible ante el presunto pacto entre PRI-MOR para no dejarlos tranquilos, sin persecuciones de ninguna naturaleza.

A los ciudadanos no nos corresponde hacer justicia, ni acusar a los tribunales de omisos o corruptos, pero lo que sí nos corresponde es en exigir cuentas por la condición en que Javier Duarte dejó a Veracruz antes de huir, así como con el actuar de la PGR. 

Los mexicanos somos, una vez más, testigos de la vergonzosa procuración de justicia en el país. Mientras a un ladrón de gansitos lo linchan mediáticamente y hasta lo detienen, al saqueador número uno de la historia del país lo condenan a permanecer en la cárcel 4 años y medio. ¿Justicia? No. Se trata de la impunidad más lacerante con la que termina este sexenio.

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