NAIM: La vacilada

Establecida en la Constitución, la consulta popular se expresa como una figura de democracia participativa, mediante la cual los mexicanos expresamos nuestra opinión sobre temas de trascendencia nacional, siempre a través de preguntas concretas, el mismo día de la jornada electoral federal.

En la elección intermedia de 2015 se plantearon cuatro consultas para el día de la elección, mismas que fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tratarse de temas que no podían abordarse con dicha figura, en tanto que la única propuesta para el 1 de julio pasado se quedó atorada en el Senado.

Estos antecedentes ponen en evidencia que la consulta popular, como ejercicio de participación ciudadana, no ha sabido aprovecharse y resulta hasta innecesaria, porque también ha sido calificada como una forma de posicionar ideas o temas partidistas con fines mediático- electorales.

A pesar de todo este contexto, en torno a las consultas populares en México, resulta irónico que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se empeñe y se aferre a realizar una consulta pública de cuatro días para que los ciudadanos decidan el futuro del proyecto aeronáutico más importante (y multimillonario) del sexenio que termina.

Acción Nacional en el Senado, tuvo el atino de calificar dicha consulta como una “vacilada” más del tabasqueño, pues carece de rigor y legitimidad.

Así como diferentes liderazgos nacionales del PAN, criticaron de forma acertada como “doble lenguaje” de AMLO. “Es un Andrés Manuel que hoy dice una cosa y si ve que eso que dijo no le gustó a la sociedad, mañana dice otra”.

Y tienen razón. Si el tabasqueño se reúne con empresarios les dice que la obra seguirá, pero si está en la plaza pública dice lo contrario, que el pueblo tiene la última palabra.

Analizando lo que establece la Constitución respecto a la consulta popular, la que propone y realizará López Obrador resultará una vacilada. Pero veamos el sustento:

La realización de consultas populares está regulada por la Carta Magna, que establece que estos ejercicios deben ser organizados por el INE y solo pueden llevarse a cabo en una elección federal. Es por eso que una consulta de esta naturaleza únicamente podría llevarse a cabo hasta 2021.

Previo a esto, una consulta popular debe ser convocada por el Congreso a petición del Presidente, del equivalente a 33% de los diputados federales o senadores o de al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Esta solicitud de consulta debe ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. La SCJN debe resolver si la materia de la consulta es constitucional o no. Y solamente después de que la SCJN da el visto bueno, el INE inicia la organización del ejercicio y prepara el cómputo y la declaración de resultados.

Los resultados son vinculantes para las autoridades competentes solo si en la consulta participa al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Para llevar una consulta ciudadana como la que realizará AMLO del 25 al 28 de octubre, se deberá reformar la Constitución, lo cual deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión y por lo menos por 17 Congresos estatales. No hay tiempo para eso.

Por todas estas razones, no es factible, ni viable, ni legal la consulta convocada por López Obrador. Pero como el presidente electo y su equipo necean en

“escuchar” la opinión ciudadana, los resultados medida no tendrían sustento jurídico o efectos vinculantes e, incluso, podría calificarse como antidemocrática.

Y lo que es peor, en los últimos días AMLO ha dado muestras de inclinarse por la opción de construir y habilitar un nuevo aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía y cancelar la opción de Texcoco, que ya registra el 30% de avance y cuyo costo total sería de 285 mil millones de pesos.

Lo más preocupante de todo esto es que ya se haya decidido por la opción de Santa Lucía, sin importar lo que opine el pueblo en una consulta, que pasará a la historia como una vacilada más del presidente electo.