“Se va a garantizar inversión, se van a hacer efectivos los contratos. Lo que queremos es decidir de acuerdo con lo que más conviene al interés general”, afirma el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
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La pregunta profunda en un país que apenas está descubriendo su vocación democrática (nada más pensemos en que tradicionalmente la vida pública la han decidido unos cuantos) estriba en el “¿conviene al interés general?”, pero cuál es, entonces, el interés general… ¿El de los usuarios, el de inversionistas, el de los habitantes aledaños al predio, el de los Alcaldes implicados?
La pregunta es muy difícil para lograr consensos porque diferencias de intereses hay. Aclarando que todos tenemos intereses y que aunque no todos sean lógicos o con sentido común o conocimiento de causa o legales, son válidos, ¿quién puede decidir entonces?
En lo que se metió López Obrador es en unas declaraciones de campaña muy populares que al momento lo ponen en una encrucijada. Porque si la inversión y los contratos están asegurados, ¿cuál es el debate? Ninguno. No puede haber debate sobre lo que técnicos y especialistas han declarado como la mejor opción. Sin embargo, la palabra del Presidente entrante fue ponerlo a consulta. Entonces, seguirá a consulta, ¿de quién? Eso no lo sabemos.
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Como tampoco sabemos con claridad por qué, por ejemplo, el ‘tren maya’ no está a consulta, ¿unos proyectos ‘sí’ y otros ‘no’ y sin argumentos de por qué tal distinción que hace la diferencia? ¿Alguien puede explicarme por qué unos proyectos están a la voluntad popular y otros no? ¿Por qué parece que la voluntad popular tiene nombre y apellido?
Gobernar no debe ser un acto popular, sino la consideración de todos y cada uno de los factores que nos deben llevar a la toma de decisiones.
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No me gusta y no estoy de acuerdo que esto sea a la “voluntad” de quienes quieran lo mejor pero, probablemente, no sepan qué es lo mejor. Sinceramente, estas promesas de campaña no pueden ser opciones de una realidad que espera crecimiento, desarrollo, incremento!