Consulta del NAIM, sin sustento legal para su realización

La senadora Kenia López responde a la pregunta de la semana: ¿Los mexicanos están preparados para la consulta que determinará el destino del NAIM?

Por Kenia López Rabadán

A lo largo de los últimos meses hemos escuchado la palabra “consulta” repetidamente, ya que el presidente electo –a través de sus más de doce años de campaña- ha dicho que algunas decisiones las tomará el pueblo.

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Existen dos tipos de democracia: la directa e indirecta. Hoy en día, el presidente electo lleva su discurso de una democracia directa a una representativa o indirecta, según convenga, ya que ha anunciado que ciertas decisiones importantes, serán tomadas por el pueblo a través de una consulta. Debo decir que en el discurso suena bien, sin embargo, en la práctica presenta dificultades que no se han explicado abiertamente.

La consulta ciudadana no está reglamentada a nivel federal en ningún ordenamiento. Lo más parecido que existe a nivel federal es la consulta popular, establecida en el artículo 35 fracción VIII de nuestra Constitución, así como en la Ley Federal de Consulta Popular, sin embargo, ese instrumento de participación ciudadana tiene fines y alcances muy diferentes a los que se plantean por el presidente electo.

La consulta popular es un destacado instrumento de democracia participativa que a la fecha no ha sido utilizada, ya que aunque en 2015 se intentó realizarla, nuestro máximo tribunal resolvió que las preguntas propuestas no cumplían con los parámetros establecidos en la Constitución. Es importante recordar que la consulta popular se realiza el día de la jornada electoral y si el presidente electo decide someter el nuevo aeropuerto internacional de México a dicha consulta, tendría que esperar hasta julio de 2021.

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Por todo lo anterior, queda claro que el presidente electo no tiene las herramientas legales de dónde sostener la realización de la consulta sobre el nuevo aeropuerto tal y como lo plantea y mucho menos antes de que rinda protesta como Presidente, esto nos obliga a pensar que el asunto de una consulta nacional para la construcción del NAIM, además de generar más dudas que certezas, implicará un gasto importante para “cumplir” una promesa de campaña que finalmente no tendrá valor legal.

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