Por muchos años el nombre del mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” Guzmán, formó parte de la lista de fugitivos más buscados por el gobierno de Estados Unidos.
Durante muchos años también, tanto el gobierno de México como el de EU ofrecieron recompensas millonarias por información que ayudara a su captura.
La fama e imagen de este personaje creció tanto que, para muchas personas, más que un delincuente, se convirtió en un personaje casi mítico que fue (o es todavía) considerado como el narcotraficante más poderoso del mundo, por encima, incluso, de Pablo Escobar, al grado de ser incluido en la lista de los hombres más ricos del planeta de la revista Forbes.
Si a esto le sumamos que la Comisión del Crimen de Chicago le dio el deshonroso título de ‘enemigo público número uno’ por, según su dicho, superar en crueldad al conocido gángster criminal Al Capone, quien operó en aquella ciudad estadounidense en los años veinte y treinta del siglo pasado, es lógico que el nombre de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera cause y causara terror, miedo, nerviosismo o fascinación, dependiendo de la relación que se haya tenido con el capo.
Y el ejemplo exagerado de una conducta servil es, sin duda, el mensaje que Eduardo Balarezo, abogado de Joaquín Guzmán, publicó en su cuenta personal de Twitter, en el que pedía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hiciera algo para que liberen al Sr. Loera “Una total desgracia que EU no haya liberado al respetado campesino mexicano el Chapo. Él ha sido tomado como rehén por mucho tiempo. Trump debería hacer algo para liberar a este maravilloso cristiano, esposo y padre. Él no ha hecho nada malo y su familia lo necesita”.
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Es por eso que Joaquín Guzmán, aseguran los expertos en seguridad, fue entregado en Ciudad Juárez a agentes de la DEA el 19 de enero de 2017 de la forma más rápida y expedita que se pudo, para evitar cualquier ridículo de las autoridades mexicanas luego de tres arrestos y dos fugas, que evidenciaron la complicidad de funcionarios del sistema judicial y penitenciario mexicano, y por las diversas manifestaciones de apoyo y protestas por su recaptura que se dieron y se estaban gestando entre sus admiradores y seguidores, y por la inestabilidad económica, administrativa, política y social que su permanencia en el país significaba para México y su gobierno.
Aunque originalmente Guzmán Loera está acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio, entre otros delitos, con uno que se le compruebe, sería suficiente para que sea sentenciado a cadena perpetua
El juicio al que será sometido Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, en un juzgado de Brooklyn, Nueva York, a partir de este 5 de noviembre de 2018, ha generado mucho morbo y expectativas por el proceso mismo y por los nombres que pudieran surgir en cada audiencia, aunque a diferencia de México, no se permitan cámaras ni se televise el operativo de sus traslados.
“Es demasiada coincidencia para pensar que no hay intención política”, opinó en su momento Jorge Chabat, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, sobre el momento preciso en que fue extraditado el Chapo, justo unas horas previas a que Barack Obama dejara el poder y un día antes de la toma de protesta de Donald Trump como presidente constitucional de EU.
Concuerdo con esta aseveración, pues al igual que las caravanas de migrantes en México que se dirigen a EU, la orden de Donald Trump de dispararles si usan piedras contra los militares desplegados en la frontera, el futuro incierto para Trump y los republicanos ante las elecciones intermedias en EU el próximo 6 de noviembre, entre otros temas, son demasiadas coincidencias con el inicio del juicio contra el Chapo, quien con sus declaraciones y acusaciones se puede convertir –si no es que ya lo es– en una brillante y excelente moneda de cambio con el actual y el nuevo gobierno de México.
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