México ha avanzado para despenalizar la marihuana pero aún falta

La senadora Leonor Noyola responde a la pregunta de la semana: ¿México está listo para la despenalización del consumo lúdico de la marihuana?

Por María Leonor Noyola Cervantes

El tema que nos ocupa, tendría consecuencias en diversos aspectos de la vida nuestro país, entre ellas: jurídicas, sociales y de salud pública.

A partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, hemos avanzado en su respeto y protección; en este camino, una de las tareas relevantes para el Estado Mexicano seguirá siendo que los garantice.

Por ello, coincido con que el uso lúdico de la marihuana, implica que las personas que decidan consumirla, ejercen su derecho al libre desarrollo de su personalidad, esto es, su libertad de decisión.

Una aproximación para definir este derecho se encuentra en la capacidad natural que tenemos todas las personas a decidir de manera libre sobre nuestro desarrollo individual (autonomía personal).

En este sentido, el derecho que nos ocupa, es una de las manifestaciones más importantes de la dignidad humana, pues implica la libre elección de las personas sobre el desarrollo en su vida.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado precedentes muy importantes, en donde ha analizado el derecho que tenemos las personas para decidir libremente sobre el consumo de la marihuana. De hecho, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que el Estado Mexicano forma parte, reconoce nuestra dignidad y la personalidad jurídica como un derecho que todas las personas tenemos.

En este sentido, jurídicamente nuestro país ha avanzado para estar listo sobre la despenalización de la marihuana; sin embargo, socialmente aún sigue siendo un tema muy polémico, dado que existen personas y sectores de la población que no concuerdan con esta idea, además de que el impacto en la salud de las personas, sin duda, es nocivo. Lo que es evidente es que ya estamos tomando cartas en el asunto y es una obligación para todas las autoridades respetar los derechos de las personas, entre ellos, el del libre desarrollo de la personalidad.

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