La producción, distribución y consumo de marihuana en México aún es un tema polémico. En esta discusión lo que debe prevalecer es la protección y el respeto a los derechos humanos. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas hace unos días, precisamente va en el sentido de eliminar la penalización del consumo de la marihuana para uso lúdico. La resolución es un paso de gran importancia, ya que se sustenta en el hecho de que las personas mayores de edad son capaces de decidir por sí mismas.
Se trata de respetar la voluntad de los ciudadanos de hacer lo que consideren más pertinente. Muchos analistas aseguran también que, como consecuencia de una prohibición casi absoluta, se han abierto espacios para la delincuencia organizada, la corrupción y, sobre todo, al aumento de la violencia.
En la misma jurisprudencia de la SCJN se establece que será el legislativo el que regulará esta nueva circunstancia.
Ante lo anterior, existe una corriente internacional a favor de permitir la producción y el consumo personal, señalando que es indispensable dar un paso adelante y dejar de criminalizar un acto que no debiera ser tratado como un delito, sino en todo caso como una cuestión de salud. México, como parte de la comunidad global, debe avanzar en ese sentido.
Por ello, varios senadores de Morena trabajan en el proyecto de decreto que reforma varios artículos de la ley General de Salud así como del código penal federal y diversas disposiciones legales con la finalidad de regular la producción, distribución y consumo de la marihuana por parte del Estado. Esta iniciativa se está construyendo con la participación de la sociedad civil así como de expertos en el tema.
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Es momento para que, de manera serena y objetiva, se asuma la realidad social y demos una respuesta justa basándonos en respetar la autonomía de las personas, proteger su salud frente a un producto psicoactivo, promover la información basada en evidencia sobre etiquetado y condiciones de consumo así como proteger de riesgos a la población más vulnerable: niños, niñas y jóvenes; e incluso facilitar programas de reducción de daños relacionados al consumo de cannabis desde un enfoque de género y derechos humanos.