Evidencia de datos: punto de partida para una estrategia de seguridad

La senadora Alejandra Lagunes respondió a la pregunta ¿Es indispensable que la Guardia Nacional que operará en el próximo gobierno integre a elementos de la Marina y el Ejército?

Por Alejandra Lagunes Soto Ruiz

La violencia resulta del contexto, y entenderlo es clave para atender las causas del delito. Con el establecimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional reconoció que promover sociedades pacíficas e inclusivas es una meta global medible y alcanzable para 2030, y debe guiar los esfuerzos de paz y seguridad en nuestro país.

En México existe suficiente evidencia generada por las administraciones anteriores que será útil para replantear las estrategias de prevención de la violencia. Son especialmente relevantes los datos arrojados por proyectos piloto que buscaban probar el impacto de programas a nivel municipal previo a escalarlos a nivel nacional.

Algunos ejemplos dentro del Pronapred, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito, arrojaron aprendizajes que no hay que olvidar:

  1. Se deben de establecer líneas base e indicadores de impacto —no solo de gestión— para poder iterar y ajustar los programas a tiempo.
  2. Es primordial establecer alianzas fuera de la esfera gubernamental para lograr metas realistas y cercanas a la sociedad.
  3. La agenda de seguridad debe permanecer abierta al apoyo económico y técnico de la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Al aprovechar la evidencia generada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Nacional de Seguridad y del Pronapred, se podrá economizar en el diseño y evaluación de programas futuros.

Estoy convencida de que para tener sociedades más justas y pacíficas, la clave está en el fortalecimiento de las capacidades de adaptación, iteración  y coordinación de los municipios, sus policías y sus gobiernos. No nos comprometamos con una gran estrategia nacional de prevención de la violencia y del delito que no parta de un modelo de evaluación de impacto y que desestime sin fundamento la evidencia existente.

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