Tal parece que todas las promesas que escuchamos durante la campaña del ahora presidente electo, han sufrido “cambios”, y no ha sido la excepción la que involucra la permanencia del Ejército y la Marina en las calles del país, bajo el argumento de que la Policía Federal no está preparada para asumir tal reto. Lo que sí son consistentes son las continuas ocurrencias y la incongruencia en las decisiones de su equipo y de él mismo, haciéndonos pensar que serán la lamentable marca del sexenio que dará inicio formal en unos días.
Legalizar el empleo del Ejército y la Marina como eje central para el combate a la delincuencia no es la opción para resolver este gran problema que ha golpeado a las y los mexicanos en la última década, sobre todo. Como bien sabemos, la función principal de las fuerzas armadas es garantizar la seguridad nacional frente a contingencias que la pongan en riesgo como son: invasiones, fenómenos climáticos y naturales como temblores, erupciones, etc. En la mayoría de los países del mundo la seguridad pública se deja a cargo de autoridades civiles y la seguridad nacional a las militares.
De acuerdo a cifras recientes del Secretariado Ejecutivo, actualmente existe 1 policía aprobado en control de confianza por cada 1,000 habitantes, cuando el estándar mínimo requerido es de 1.8 elementos. Entonces para alcanzar la cifra mínima requerida, se necesita formar casi 100 mil nuevos elementos, pues apenas hay 119 mil activos, dato que seguramente no ha sido necesario para el presidente electo, pues su propuesta de incluir 50 mil jóvenes se queda corta.
Durante la 31ª sesión del Grupo de Trabajo del MEPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió una lista de 264 recomendaciones, siendo el tema de seguridad es el que más preocupación generó. El Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó López Obrador días atrás, va contra este mecanismo, además de los planteados por ONGs, que advierten que la militarización del país a través de una “Guardia Nacional”, es una propuesta que centralizaría la seguridad, sometiendo a las policías estatales y municipales. Las y los mexicanos, debemos saber que el uso del Ejército y La Marina disfrazado de “Guardia Nacional” es, además de inconstitucional, transgresor de los Derechos Humanos.