Guardia Nacional incrementaría violaciones de los derechos humanos

La Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que las autoridades, en el ámbito de su competencia, estarán obligadas a promocionar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Al respecto, el Presidente electo, desde su campaña electoral fue muy insistente en señalar y dejar claro que los militares y marinos debían regresar a los “cuarteles”, dado que su función no es propiamente la de proporcionar la seguridad a los mexicanos, puesto que ésta le corresponde a otro tipo de autoridades (civiles).

En el discurso, se hacía la precisión de que la presencia de las fuerzas armadas y la marina en las calles, no había dado resultados positivos, sino todo lo contrario, el índice de asesinatos había incrementado considerablemente, así como las denuncias ante la Comisión Nacional y Comisiones Estatales de Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos de las personas (incomunicaciones, palos, tortura, azotes y desapariciones).

Uno de los ejercicios más importantes en contra de que la seguridad esté a cargo de los Militares y Marinos, fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida la semana pasada, al declarar que la Ley de Seguridad Nacional es contraria a la Constitución Federal.

Sin embargo, en los días recientes y contra todo pronóstico, el Presidente electo anunció la creación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, así como de la Guardia Nacional integrada por militares, marinos y policías, lo que implicaría el incremento de violaciones graves a nuestros derechos humanos y fundamentales, cuando una de las funciones más importantes del gobierno es la de protegerlos.

Estamos siendo testigos de que las promesas de Andrés Manuel, no están siendo cumplidas, como lo de la Fiscalía General autónoma, y si se aprueba esta Guardia Nacional, será otro claro ejemplo, que, finalmente, no ayudan al desarrollo de nuestro país.