Este martes 11, se esperaba que la Cámara de los Comunes del Parlamento británico se pronunciará sobre el acuerdo de Brexit que su gobierno logró pactar con la Unión Europea. Sin embargo, la Primera Ministra, Theresa May, decidió aplazar la votación tras confirmar que su acuerdo no recibiría el apoyo necesario.
Desde el inicio del proceso de negociación, el Parlamento ha ejercido un papel crucial, insistiendo en la importancia de su participación en este cambio histórico.
Aunque el resultado del referéndum no era vinculante, el gobierno de May aseguró que la salida de la Unión Europea se llevaría a cabo por respeto a la voluntad nacional. No obstante, los legisladores exigieron celebrar un voto para validarlo e insistieron en la importancia de institucionalizar dicha salida. Su seguimiento de las negociaciones fue puntual, exigiendo información acerca de los encuentros que sostenía el gobierno con sus contrapartes europeas y sobre cómo les afectarían distintos escenarios de salida.
El Parlamento insistió a la Primera Ministra que su último voto al respecto fuese decisivo y no únicamente una formalidad burocrática. Al no tener asegurado el proceso, May anunció el lunes su decisión de posponerlo, enfocada en alcanzar una mayoría a favor de su iniciativa.
El descontento de muchos legisladores nace de la brecha que perciben entre lo logrado por el gobierno en los procesos de negociación y las promesas que fueron hechas a sus electores. Una y otra vez, criticaron la opacidad del equipo de May sobre elementos cruciales del acuerdo, dando voz a los reclamos de la gente.
Aunque el proceso pareciera complicado es parte de la complejidad de una democracia consolidada. Contar con poderes verdaderamente autónomos y un Parlamento plural, implica aceptar discordancia, debate y oposición. Como contrapeso, pero más aún como interlocutor popular, el Legislativo se ha puesto al centro de la realidad sui generis del Reino Unido, al impedir que el bienestar nacional sea relegado a un segundo plano.
