¿Al diablo las instituciones?

Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena están imponiendo su mayoría en el Congreso para aprobar reformas legales que le permitirán arrancar su llamada Cuarta Transformación; sin embargo, están torciendo la legalidad a su gusto, sin importar que también trastoquen el orden institucional.

La semana que termina fue testigo de dos hechos sin precedente en la historia del país y prendió los focos rojos en la oposición, pues se trata de hechos que años atrás el mismo tabasqueño reprobó, como la posibilidad de designar a un “fiscal carnal” y doblar las leyes para permitir que ciudadanos no nacidos en México puedan dirigir cualquier entidades paraestatales, como el Fondo de Cultura Económica.

Así, con el dictamen aprobado el miércoles por los diputados AMLO podrá enviar libremente al Senado una terna para titular de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la impopular y desprestigiada PGR.

Las funciones del Fiscal (carnal) General serán investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales.

También podrá intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de extradición activa y pasiva, así como en los actos de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

Acción Nacional, desde su trinchera de oposición real, sostiene que este nuevo órgano no responde a las demandas del nuevo sistema penal acusatorio, además de que la ley tiene fallas que se traducen, por ejemplo, en un plan de persecución penal que no establece prioridades y líneas de desarrollo dentro de las actividades de la Fiscalía General, además de contar con una coordinación general con enormes facultades que no tendrá control parlamentario. Es decir, le dan manga ancha para poder aplicar la justicia a su conveniencia.

En los pasillos de ambas Cámaras del Congreso de la Unión se ventila que con la aprobación de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, quedó listo el escenario para que, en los primeros días del año próximo, se consume el arribo de Bernardo Batíz Vázquez como el “fiscal carnal” de AMLO, cargo que ocupará durante los próximos 8 años.

Lo más curioso de este asunto es que este nombramiento estaba pendiente desde hace varios años. Debió de haberse hecho durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero la oposición en el Congreso, entre ellos Morena, impidió que prosperara la Ley con el argumento de que el Presidente pretendía imponer a un fiscal a modo, es decir, un “fiscal carnal”.

Aunque nadie duda de la capacidad de Bátiz, llegará al cargo con el estigma de ser el “fiscal carnal” que seguirá respondiendo a las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se borra de un plumazo la intención de tener un fiscal independiente, neutral e imparcial.

En este juego de doblar las leyes por capricho de un “mecías”, la mayoría de Morena en el Congreso también avaló la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con lo que se elimina que sólo mexicanos por nacimiento puedan dirigir algún organismo paraestatal en el país, lo que permitirá a Paco Ignacio Taibo II, nacido en España y naturalizado mexicano, presida el Fondo de Cultura Económica.

Con estas decisiones, AMLO y Morena sepultaron la sana distancia entre el Fiscal General y el Ejecutivo, pues este “fiscal carnal” tendrá un compromiso político y laboral con aquel que lo colocó en tan alto puesto.

Peña lo intentó pero la presión política y social se lo impidió. Ahora, la sociedad civil organizada calló y Morena hizo lo que quiso: regalarle a Andrés Manuel un “fiscal carnal” transexenal. Así, el tabasqueño podrá dormir tranquilo hasta pasados tres años después de terminar su sexenio.

Todo esto sin contar el enfrentamiento del Ejecutivo con el Poder Judicial luego del recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores del PRI, PAN, PC y PRD, que dio pie para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera la Ley Federal de Remuneraciones que imponía que ningún funcionario público gane más que el Presidente.

El revés en contra del Peje significó un golpe democrático y legal, que lamentablemente puso en riesgo el equilibrio de poderes, pues no faltó algún armadillo, como Félix Salgado Macedonio, quien amagó con que el presidente liquide a los ministros y que AMLO envíe nuevas ternas para suplirlos.

Puede ser que AMLO y sus lacayos no se den cuenta que la Cuarta Transformación requiere del fortalecimiento de las instituciones, no de su destrucción por ocurrencias, caprichos o venganzas.