En el pasado era común que los altos funcionarios públicos llegaran a los cargos con unos cuantos bienes y después de dos o tres años de ocupar un puesto importante resultaran ellos o sus familiares con fortunas y una gran cantidad de propiedades. En esos casos era difícil saber con precisión qué bienes habían adquirido durante la gestión y cuáles ya tenían. Implicaba un ejercicio muy complejo y largo para garantizar que los servidores públicos hubieran hecho un patrimonio de forma lícita. En este sentido, la transparencia en la información es fundamental para combatir la corrupción. Lamentablemente, en los últimos tiempos se ha dado cuenta de la forma en que algunos políticos y gobernantes se han enriquecido al amparo de los puestos que ocupaban. Así, todos hemos visto ranchos, cuentas bancarias millonarias, casas y vehículos de lujo obtenidos indebidamente.
Por eso, es muy importante el requerimiento que ha hecho el Presidente de la República López Obrador, quien ha exigido a quien quiera participar en su gobierno, como funcionario de alto nivel, transparentar por completo sus bienes. De lo que se trata es que una vez que se hagan públicas las propiedades de esos servidores al inicio del encargo y cuando nuevamente entreguen su declaración al retirarse, los ciudadanos puedan comparar, sin mayor problema, la evolución de su patrimonio. Esta es una demanda de la sociedad que es indispensable atender y que ya forma parte del sistema nacional anticorrupción. La transparencia en el patrimonio permite asegurarse de que quienes tienen una responsabilidad en la toma de decisiones y el ejercicio de recursos públicos actúen con honestidad. Con la publicidad de los bienes de los altos funcionarios se combate la corrupción, la cual está basada en gran medida en la opacidad, la discrecionalidad y la consecuente impunidad. En resumen, la transparencia es una obligación legal y parte fundamental de la cuarta transformación.
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