Entregar recursos a los padres no garantiza la protección de los niños

La senadora Leonor Noyola responde ¿En los apoyos de asistencia social es preferible entregar los recursos directo a los beneficiarios que a instituciones que los administren?

Por María Leonor Noyola Cervantes

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció ante los medios de comunicación la determinación del gobierno federal de suspender los apoyos económicos a estancias infantiles en el país, dado que existen irregularidades en su operatividad y corrupción en el manejo de los recursos.

Además, señaló que los mil 600 pesos de apoyo, serán otorgados cada dos meses directamente a los padres de familia de los infantes para que decidan su destino y que ningún menor que haya sido atendido en las estancias infantiles quedará sin apoyo, destacando que al retirar la intermediación de los programas sociales se va a alcanzar un ahorro del 30 por ciento en el presupuesto.

Ahora bien, la Constitución Federal establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos; particularmente velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez.

Por ello, las niñas y los niños no solamente tienen derecho a la salud, la nutrición y la educación, sino que también tienen derecho a la protección y al cuidado, a no ser objeto de violencia y a un “entorno seguro”.

Con esta medida, considero que no se están garantizado los derechos humanos que tiene la niñez mexicana, pues el otorgar directamente a los padres el apoyo económico de referencia, implicaría que decidan utilizarlos de manera diversa y no precisamente en su protección y cuidado, lo cual es poco alentador, sobre todo si se considera que el Estado es el responsable directo de dotar de recursos suficientes a las estancias infantiles para propiciar el espacio que confieran las mejores condiciones de cuidado y atención, y en todo caso, castigar a los responsables de las irregularidades y establecer estrategias que permitan una responsable administración.

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