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La muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, del senador Rafael Moreno Valle, y de las tres personas que los acompañaban impactó al país, y el esclarecimiento de las causas del incidente son de interés público.
La semana pasada se dio a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reservó por 5 años la grabación de la comunicación piloto-torre del último vuelo del helicóptero en el que viajaban. Sin embargo, un día después, el presidente anunció que sería revelada, y el mismo secretario de SCT, Javier Jiménez Espriú, la hizo públicas. Esta cadena de sucesos reveló que no existe dentro de la administración pública federal, claridad y definición sobre cómo develar los avances de la investigación.
En la reforma constitucional en materia de transparencia, se estableció la posibilidad de reservar cierta información por motivos de seguridad nacional, motivo por el cual en un principio, la SCT argumentó reservar por 5 años la grabación del incidente. La seguridad nacional y el acceso a la información son bienes jurídicos protegidos por la Constitución y es frecuente y natural que exista una tensión entre ambos. Sin embargo, no podemos olvidar que el proceso a través del cual se realiza la valoración sobre la publicidad de la información debe incluir una prueba de daño, es decir, debe quedar suficientemente probado que el hacer pública la información causaría un daño mayor que el interés público de dar acceso a la misma. Esta valoración no pareció estar presente, ni en la reserva de la información, ni en la decisión posterior de hacerla pública.
Este caso exige al gobierno federal dar certeza sobre los tiempos y el avance de la investigación, y trabajar para obtener resultados confiables y en un tiempo razonable. Las causas del incidente son, sin lugar a dudas, un asunto de interés público. Por ello, en las decisiones del Estado sobre qué información publicar y cómo hacerlo no puede existir la improvisación, sino un compromiso con la publicidad de la información y el respeto al debido proceso.
