Secuestrar al Poder Judicial es una receta antidemocrática

Por Mariana Gómez del Campo

La división de poderes es uno de los pilares que sostienen los sistemas políticos de los países democráticos gracias a los mecanismos de pesos y contrapesos establecidos en sus constituciones; ese andamiaje jurídico, permite al Estado que el poder no se concentre en una institución, sino que sea distribuido de manera equitativa y así, los alcances de las decisiones de cada uno puedan ser restringidos o contenidos por los otros. La separación de poderes es una teoría política propuesta por el jurista francés Montesquieu quien argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo”, por lo que es necesario que “el poder detenga al poder”.

En ese sentido, la legitimidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo emana de la elección popular, es decir, la decisión que tomamos los ciudadanos cuando acudimos a las urnas para elegir a nuestros gobernantes y representantes, mientras que el Judicial, aunque depende de los otros poderes para su conformación, busca permanecer independiente del presidente y del Congreso con el fin de evitar toda injerencia externa, sea política o económica, para impartir justicia con imparcialidad.

Cuando un gobierno lesiona la división de poderes se enciende una alarma para la calidad de la democracia, ya que los regímenes autoritarios tienen como una de sus características principales la acumulación del poder en el Jefe de Estado. Si hacemos una breve revisión de los líderes autoritarios podremos identificar este rasgo como un factor común.

Evo Morales, presidente de Bolivia desde 2006, inició una cruzada contra el Poder Judicial al año siguiente de su toma de posesión pues afirmaba que era el sector “más corrupto del país” por lo que impulsó la elección popular de jueces y magistrados cuyo procedimiento de preselección de candidatos quedó en manos de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que funciona como filtro político considerando sólo a aquellos perfiles que comulgan con las posturas ideológicas del partido que gobierna.

Cabe destacar que, según datos de Transparencia Internacional, los cambios hechos por Morales no han tenido un efecto en la percepción de corrupción pues el país sudamericano ha pasado del lugar 105 en 2007 al 132 en 2008. Además, llama la atención que el presidente boliviano afirmara que la independencia de poderes es parte de la “doctrina del imperialismo norteamericano”, particularmente cuando ha sido el Tribunal Constitucional quien ha suspendido el fragmento de la constitución nacional que le prohíbe postularse a las elecciones presidenciales de este año, un fallo judicial muy conveniente para las aspiraciones políticas de Evo Morales.

Por otra parte, en Nicaragua, país inmerso en una crisis política derivada de las manifestaciones ciudadanas contra un régimen encabezado por Daniel Ortega quien dirige el país desde 2007, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 16 magistrados pertenecientes al partido oficialista, por lo que su objetivo es cumplir la agenda política del presidente.

Tal es la situación en este país centroamericano que la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entonces el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, señaló que las irregularidades en los procesos judiciales “ponen en manifiesto la ausencia de las garantías esenciales de independencia e imparcialidad judicial”. Además, la organización internacional reportó que los casos de los presos políticos son asignados a jueces ya fallecidos, lo que significa una táctica para demorar las sentencias.

La iniciativa de ley propuesta por MORENA que busca crear una sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ella la ampliación de 11 a 16 ministros, significa un intento por secuestrar con un decretazo al Poder Judicial pues López Obrador
contaría con siete ministros que serían nominados por él y ratificados por la mayoría de su partido en la Cámara Alta, lo que se traduciría en un menoscabo de la independencia judicial en México. Lo anterior, contrasta innegablemente la política de austeridad y adelgazamiento del Estado que ha puesto en práctica el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que ha dejado sin trabajo a miles de funcionarios públicos y a sus familias sin ingresos.

En Acción Nacional estamos de acuerdo con la profesionalización y mejora en los procesos judiciales, pero nos oponemos categóricamente al uso del discurso anticorrupción como una estrategia para debilitar la división de poderes que permitiría al presidente seguir acumulando facultades pues dejar el poder en manos de una sola persona atenta contra la democracia. Al tiempo…

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