En un entorno global marcado por legislaciones nacionales que buscan flexibilizar el trabajo – lo que se ha traducido en condiciones laborales cada vez más precarias – el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados con las reformas a la ley del trabajo representan una bocanada de aire fresco, un paso hacia el cumplimiento de México con convenios internacionales – como el 98 de la OIT – y hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y la democracia sindical.
Las reformas aprobadas la semana pasada incluyen temas tan importantes como la democracia y libertad sindical, la publicidad del estatus y contratos colectivos de trabajo, así como la búsqueda de condiciones que aseguren la vida digna y salud de las personas trabajadoras, y un ambiente libre de discriminación y violencia. Un tema importante que ha quedado pendiente y que sería deseable se abordara en la discusión de la reforma en la Cámara de Senadores, es el de la subcontratación a través de outsourcing, modalidad de la que algunos empleadores han abusado para debilitar los derechos laborales de las personas.
Quedan además otros temas urgentes que atender como las disparidades interregionales en el país; la desigualdad de género; la falta de acceso a oportunidades de la población indígena y personas con discapacidad; y el desafío de garantizar condiciones de vida digna a las personas de la tercera edad.
El dictamen aprobado es un paso en la dirección correcta, pero para cubrir las necesidades actuales y futuras de las personas trabajadoras en México, para generar las condiciones en las que todas las personas puedan desarrollarse plenamente, hace falta mucho más que una reforma laboral. Para ello hace falta construir una economía más humana y sostenible, una economía que no pase por encima de los derechos y libertades de personas, comunidades y grupos vulnerados: una economía que ponga en el centro a las personas y su entorno, y no solo el incrementar los márgenes de ganancia.