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El memorándum ejecutivo es un instrumento legal que emite una autoridad para comunicar instrucciones a sus subordinados. En tanto eso, quienes reciben una orden deben cumplirla con estricto apego al Estado de Derecho.
En el caso del memorándum que el Presidente de la República envió en relación a la reforma educativa instruye a tres de sus colaboradores a garantizar el derecho a la educación de todos los mexicanos, gastar con transparencia y terminar con un proceso persecutorio que comenzó hace seis años en contra del magisterio nacional.
Esa mal llamada reforma en realidad solo fueron cambios en los que la educación pública poco importaba. Precisamente, eso es lo que se pretende corregir con estricto apego al Estado de Derecho y a la Carta Magna.
Lamentablemente en la discusión sobre el memorándum presidencial se ha desestimado su alcance real. Al revisarlo con detenimiento está claro que se trata de lineamientos y directivas precisos que están apegados a la Ley.
En concreto, se refiere a tres temas. El Presidente López Obrador ordena al titular de la SEP hacer todo lo necesario para asegurar el acceso a una educación pública obligatoria, laica, gratuita, pluricultural y de calidad, como lo mandata el Artículo 3° Constitucional.
En segundo término, el mandatario ordena a la Secretaría de Hacienda mantener un estricto control de la nómina de las maestras y maestros, en la que no existan aviadores y se elimine cualquier posibilidad de corrupción, como debe ser en este y cualquier asunto en el que se apliquen recursos públicos y lo cual es parte esencial de la Cuarta Transformación.
Finalmente, se ordena a la Secretaría de Gobernación a analizar los casos de profesores y luchadores que fueron sometidos a procesos judiciales por haberse opuesto a la reforma de 2013 y hacer valer sus derechos humanos.
Por todo lo anterior, deben cumplirse las instrucciones presidenciales en favor de que quienes asisten y colaboran en las escuelas públicas con estricto apego a la legalidad y a la Constitución.
