En cumplimiento con lo previsto en diversos artículos de la Constitución Federal y de la Ley de Planeación, el presidente López Obrador envió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación.
Ahora bien, el PND precisará, entre otros aspectos, los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, así como las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y, de acuerdo con la Constitución, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, así como para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas.
En este sentido, el PND 2019-2024 tiene como estandartes principales, entre otros: “No al gobierno rico con pueblo pobre”, “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, “el objetivo de la política económica es generar bienestar para la población” y “por el bien de todos, primero los pobres”. Y como objetivos primordiales se encuentran: erradicar la corrupción, recuperar el estado de derecho, separar el poder político del poder económico… y el más importante: garantizar empleo, educación, salud y bienestar.
Desde luego que lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo representa uno de los retos más importantes de la presente administración y de sus secretarías de Estado, dado que debe atender los temas urgentes del país, siendo el fin más visible el bienestar de las mexicanas y los mexicanos.
Por ello, de no resolverse los problemas más prioritarios de nuestro México, esto es, que las personas no alcancen mejores condiciones de vida en todos los aspectos a corto y mediano plazo, el gobierno actual habrá fracasado como muchos otros sexenios y el reclamo por parte de la sociedad será el mismo o quizá peor.