La transparencia y el derecho de acceso a la información no son lo mismo; la primera está relacionada con una serie de acciones encaminadas a ser accesibles, mientras que el segundo es un derecho humano. La primera vez que se legisló en la materia en México, fue después de la alternancia y desde ahí, hemos caminado hacia esquemas de rendición de cuentas que permiten un escrutinio más detallado por parte de los ciudadanos.
López Obrador siempre ha visto en la transparencia un enemigo contra su proyecto de gobierno: así lo demostró en 2004, cuando fungía como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, reservando por 10 años la información relativa al fideicomiso que financió la construcción del segundo piso.
También podemos citar la opacidad con la que su partido manejó los datos del supuesto fideicomiso que tenía como objetivo ayudar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que en campaña vendió como muestra de su cercanía con la gente pero que hasta hoy no conocemos quiénes contribuyeron y quiénes fueron los beneficiarios. Finalmente, recordemos que el presidente arremetió contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por el costo que significa para el erario público y su supuesta falta de resultados en materia anticorrupción.
Sin embargo, el tabasqueño ha hecho de la simulación de la transparencia una herramienta de propaganda, un ejemplo son las conferencias mañaneras en las que usando de pretexto comparecer ante los medios de comunicación, las utiliza para repetir todos los días sus postulados de campaña, pero en ellas es incapaz de responder con datos duros cuando es cuestionado de forma directa como sucedió cuando así lo hizo Jorge Ramos en Palacio Nacional.
En ese contexto, la semana pasada se publicó una lista de empresas y periodistas que tuvieron contratos de publicidad oficial con el gobierno anterior, la cual se convirtió en tendencia porque revela algunos nombres de quienes han sido más críticos con el gobierno actual. Aunque el presidente dijo que no fue una filtración hecha por su administración, nuevamente imperó la desinformación porque mientras él afirmó que desconocía por qué se enlistaban nombres de periodistas, su vocero señaló que la razón es la relación de éstos con los Consejos de Administración de algunos medios de comunicación. Entonces, ¿la filtraron ellos o no?
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Se ha señalado por diversas voces que la lista publicada se trata de una venganza personal del vocero de la presidencia contra comunicadores que le son contrarios, pero lo que es un hecho es que el documento no es objetivo porque no está completo, no distingue entre personas físicas y morales, nadie se hace responsable de su autenticidad lo que lo convierte en un texto opaco y que da lugar a sospechar que se trata de una campaña contra la línea editorial de los que aparecen en ese listado.
El clima generado con la publicación da pie a que no se distinga entre la publicidad oficial y la compra de opiniones, ya que los ingresos públicos son importantes para el presupuesto de muchos medios de comunicación que deben financiar sus estructuras informativas para brindar servicios gratuitos. En contra parte, otros medios optan por vender suscripciones para que el usuario pueda acceder a su información de forma ilimitada. El problema derivado de lo anterior, es que en el gobierno hay una permanente tentación por controlar los medios de comunicación y que esto puede lograrse fácilmente otorgando contratos de publicidad oficial que castiguen a los críticos y premien a los cercanos.
El problema de fondo es que en México no hay un marco jurídico que establezca mecanismos técnicos transparentes que justifiquen la asignación de los millones de pesos que el gobierno gasta en publicidad oficial. Aunque la Legislatura pasada aprobó una Ley de Comunicación Social, que como Senadora voté en contra, ya que su contenido no tiene ningún impacto y deja a discreción del gobierno la entrega de dinero público ya que carece de reglas claras y transparentes.
La situación se hace más compleja por la intolerancia de López Obrador hacia los medios críticos a quienes ha calificado de “prensa fifí”, “conservadores” o “hampa del periodismo”; este último término tiene connotaciones graves porque se refiere a un grupo de personas que cometen acciones delictivas de manera habitual, lo que puede significar que el presidente considera como delincuentes a aquellos que lo critican; de esta manera, López Obrador dirige un gobierno que fácilmente puede someter las plumas de los periodistas con el dinero de todos los mexicanos. Al tiempo…