Error, descalificar a las calificadoras

Las empresas calificadoras de riesgo, por definición, son sociedades anónimas constituidas con el objetivo exclusivo de calificar valores mobiliarios y otros riesgos. Esta figura se introdujo en el mercado de capitales con el objetivo de facilitar la toma de decisiones por parte de los inversores. Sus calificaciones permiten ser un termómetro que no se debería de despreciar.

Claro está que en un sistema de capitales esto es algo así como “medirle el agua a los tamales”, lo que permite mayor acertividad. Ningún gobierno tendría por qué cuestionar una medida de evaluación porque la información no pretende otra cosa más que ser eso: simple información a la que cada sector o empresas pueden interpretar según sus variables, contexto y objetivos específicos de inversión, desarrollo y crecimiento. Usar esto como parte del golpeteo político sólo crea una burbuja de expectativas e incertidumbres mayores que para nadie son convenientes.

Agravan la desconfianza que de por sí existe en la realidad por los problemas públicos que no tienen solución. Ponerse “del lado” o “del lado contrario” de las calificadoras es como estar dando “golpes al aire” sobre información que son datos que cada quien puede darle un valor determinado. Por eso no es que las calificadoras deban cambiar criterios (a menos que así la realidad del país los haga considerar esta opción), sino son los gobiernos los que deberían poner las riendas sobre lo que sí incide no sólo en la toma de decisiones de los capitales, sino que cambia los resultados que se enfocan en lograr el crecimiento económico esperado, la confianza de los mercados y la posibilidad de inversión.

En resumen, descalificar a las calificadoras es una narrativa impertinente que en nada abona al debate y a la toma de decisiones en lo público que debería enfocarse en lograr una mayor estabilidad económica y no en estar obligando a las empresas calificadores a cambiar su forma de evaluar.