El Estado de Derecho dará certidumbre a todos

Por Mónica Fernández Balboa

El trabajo que realizan las empresas calificadoras en todo el mundo requiere transparentarse, ya que responden a los intereses de los clientes que utiliza sus servicios.

En realidad, la información de cómo realizan sus valoraciones es desconocida casi por todos. Sin embargo y reconociendo su importancia, más allá de las apreciaciones que llevan a cabo las calificadoras de deuda y riesgo, quienes toman decisiones respecto a qué, cómo y cuándo realizar alguna inversión solo las toman como una referencia más.

En el caso de México ha habido discrecionalidad en la manera de cómo califican las deudas del país y los posibles riesgos financieros. Es frecuente que de trimestre en trimestre modifiquen sus puntos de vista con argumentos insuficientes y poco claros. Además, hay que considerar que pese a los cambios trascendentes en la economía internacional, caracterizada por la globalización, durante décadas se han mantenido los mismos criterios de evaluación. Por ello, es necesario actualizarlos.

Por estas razones, las calificadoras podrían hacer investigaciones más a fondo sobre lo que sucede en nuestro país, como el verdadero alcance de la cuarta transformación. Un elemento de la mayor relevancia es el impacto positivo que tendrá, en todos los ámbitos de la vida nacional y en especial para las empresas del Estado, el combate decidido a la corrupción. Se trata de ir mucho más allá de una política pública sexenal, es decir se busca establecer en México, de forma permanente, un auténtico Estado de Derecho.

El respeto irrestricto a la Ley, por parte de todos, en principio por quienes tienen mayor obligación que son los servidores públicos y seguidos por todos los demás, generará un ambiente de certidumbre y conveniente para impulsar la economía nacional. En este sentido, el Estado de Derecho que se ha debilitado en los últimos años es un elemento que debe ser mejor valorado por las empresas calificadoras para recuperar la confianza de los sectores público, social y privado.

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