A todos los países se les mide con la misma metodología clara y transparente

Por Vanessa Rubio Márquez

Las “Instituciones Calificadoras de Valores” (ICV) califican la capacidad de pago de la deuda que tienen los países, empresas y otras entidades, determinando los grados de confianza o desconfianza que implica invertir en ellos. Cuentan con una metodología clara y transparente, con criterios fijos y homólogos para todo el mundo, califican con la misma escala y bajo los mismos elementos, tomando en cuenta los políticos, institucionales y sociales (como la corrupción).

Si la metodología es idéntica y aplicable para todo el mundo, no tendrían por qué tratarnos diferente, ya que la única función de las ICV es calificar y alertar a un gran público inversionista (nacional y extranjero) sobre las decisiones para destinar su inversión y su dinero de acuerdo a dos criterios básicos: ganancias contra riesgos.

En 2016, tres calificadoras Fitch, S&P y Moody’s le revisaron la perspectiva de estable a negativa a México, y por ende, Fitch y S&P se la bajaron también a PEMEX. Sin embargo, al trazar un plan estratégico tanto para las finanzas públicas nacionales, como para PEMEX, en 2017 ambas calificadoras nos revisaron la perspectiva a estable, y Moody’s hizo lo propio en 2018. Lo anterior hizo que se mantuvieran las mismas calificaciones a pesar de tener la advertencia de la perspectiva que podrían bajar.

Hace unos días nos bajaron las calificaciones como país, y a las 2 Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE). Tuvimos una advertencia en la revisión de la perspectiva de estable a negativa en octubre de 2018 para PEMEX y en noviembre del mismo año para el soberano. En más de 6 meses, a pesar de diversos esfuerzos de la actual Administración, no se logró dar certidumbre a los mercados.

Estas nuevas calificaciones indican a los inversionistas que a partir de ahora en México va a haber más riesgo, lo cual es malo para el país porque ahora es más caro salir a buscar capital para desarrollar proyectos. Esto se traducirá en perjuicio para todos los mexicanos, ya que habrá menos recursos para gasto público para programas sociales, educación, salud e inversión; lo que a mediano plazo se convierte en falta de empleo y de bienestar para todos nosotros.

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