Los artículos 5 y 123 de la Constitución Federal, establecen, esencialmente, la libertad que tiene toda persona para dedicarse al trabajo que mejor le acomode siempre y cuando sea lícito, así como que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
En este sentido, la propia Constitución General de la República establece un deber para el gobierno consistente en crear empleos para que todas las personas puedan tener acceso a estos.
La semana pasada el Instituto Mexicano del Seguro Social comunicó que en el mes de mayo se registró una caída del 88.3% en la generación de empleo respecto al mismo mes del año anterior, dado que en este año ha habido 33,966 empleos mientras que en 2018 hubo 3,983.
Por su parte, el Director General de esta institución, comentó que no hay un desplome en la generación de empleos, pero sí una disminución que no se debe comparar con el resultado del mes anterior, sino con los meses de mayo de cada inicio de administración y que el resultado de mayo de 2019 está 20.76 por ciento arriba.
Desde luego que el alto índice de desempleo en nuestro país no es un fenómeno de inicio de sexenio, tampoco es una casualidad, aunado al plan de austeridad que implementó esta administración, en la que se ha incluido la baja de sueldos y el despido de muchos trabajadores del sector público, de ahí que considero que este tema fundamentalmente debe preocupar al gobierno del presidente López Obrador, dado que en la medida en que no se garantice este derecho al trabajo que constituye un mandato constitucional, es más probable que crezca la informalidad, la delincuencia y demás consecuencias que trae aparejada dicha situación.