La semana pasada, una de las noticias más importantes fue que los integrantes de la Policía Federal se manifestaron puesto que no están de acuerdo en incorporarse a la Guardia Nacional, que se integra, además por Militares y Marinos, dado que, según su consideración, se están violando sus derechos laborales, los salarios no son equitativos y no se está respetando su antigüedad, además de que el trato que se les da es “inhumano” y que no se garantiza sus permanencia.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, señalaron que el fracaso de la seguridad de las y los mexicanos es producto del mal trabajo y corrupción de la Policía Federal en administraciones anteriores, además de que detrás del “movimiento” de esta corporación policiaca, existe “mano negra” y otro tipo de intereses, particularmente, de exfuncionarios, lo que no está comprobado y, en todo caso, se reduce a simples opiniones.
Considero que lo importante de esta situación, es que la Constitución Federal establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales y humanos de todas las personas y bajo este mandato, los miembros de la Policía Federal tienen derechos laborales que el gobierno está obligado a respetar y garantizar, entre ellos, el que se les indemnice en aquellos casos que no quieran incorporarse a la Guardia Nacional o al Instituto Nacional de Migración, circunstancia que, el gobierno no está dispuesto a llevar a cabo, dado que esto representa un desembolso millonario y, en caso contrario, un sinfín de juicios que con el paso del tiempo, y en caso de ser favorables a los policías federales, podría ser más perjudicial en términos económicos.
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