¿Quitándoles derechos queremos que velen por nuestra seguridad?

Por Vanessa Rubio Márquez

Adiós al servicio público de nuestro país. Sin que se les haya comprobado nada al 1.4 millones de trabajadores al servicio del estado en sectores tan relevantes como la salud, la seguridad y la educación, todos son considerados corruptos, o “fifís” en el mejor de los casos. No me cansaré de decirlo. Los “cómos” importan.

¿Queremos acabar con abusos y corrupción? Claro que sí. Pero no se debe hacer desmantelando al servicio público y las instituciones de nuestro país. Los despidos han sido considerables: de 2018 a 2019 la partida denominada pago de liquidaciones creció en 900%. En todo el 2018 se pagaron 912 millones de pesos por despedir médicos, policías y expertos en distintas materias, y tan solo en el primer trimestre de 2019 se llevan gastados 1,151 mdp. 239 millones de pesos más solo un trimestre. Y a esas personas y a sus familias se les ha dejado en el desempleo y la indefensión después de trabajar por años por nuestro país.

Con el cambio de la Policía Federal en Guardia Nacional, se les están violando sus derechos laborales y además, se les pide reforzar esfuerzos para garantizar la seguridad de todos nosotros, arriesgando sus vidas por nuestras familias para conseguir una vida libre de violencia y alcanzar la anhelada paz que todos deseamos.

¿Pero cómo les vamos a pedir esto a cambio de una reducción del 20% de su sueldo; de firmar una renuncia para ser contratados de manera temporal por 2 años perdiendo su antigüedad; de tener menos días de descanso después de misiones donde se enfrentan a lo peor de lo peor del crimen organizado; y de perder sus seguros de gastos médicos en una de las profesiones más riesgosas del mundo? Y han habido denuncias que a los que marcharon por sus derechos, se les está intimidando y amenazando. ¿Es de veras este el México que nos prometieron? ¿Es este el país en el que todos anhelamos vivir?

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