De forma ilegal y tramposa, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, logró dominar al Congreso Estatal para imponer su voluntad por encima de la decisión ciudadana mostrada en las urnas el pasado 2 de junio. Y sin escrúpulos, convenció a los legisladores para ampliar el periodo del ejecutivo local de dos a cinco años, después de una elección que ganó.
Baja California enfrenta una batalla por la democracia, ni más ni menos, pues la resolución del Poder Legislativo de la entidad violenta la reforma constitucional de 2014 que buscaba homologar la elección de la gubernatura con los comicios federales. En esta lógica, el titular entraría en funciones el próximo primero de noviembre para terminar su periodo el 31 de octubre de 2021.
Esta acción se aplicó en otros estados como Veracruz y Puebla, donde los periodos de gobierno quedaron designados por dos años (2016- 2018), sin mayor problema. Sin embargo, el capricho de Bonilla por permanecer en el puesto el mayor tiempo posible se reflejó en impugnaciones y recursos de inconformidad que tendenciosamente buscaban violentar las reglas establecidas desde cinco años antes.
Fue así como estos intentos, inclinaron tanto el Congreso como el Tribunal Electoral Local por los alegatos del entonces candidato de Morena. Hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF), junto con la Sala Superior enderezó la discusión, revocando lo señalado por estas instancias. Estaba claro. La elección de 2019 se realizaría para designar un gobierno por un periodo de dos años y los contendientes aceptaron estas condiciones.
Ahora, el Congreso aprueba una extensión de mandato una vez terminadas las elecciones que suponen actitudes dictatoriales de una nueva clase política que comienza a sentirse cómoda con moldear las reglas a su conveniencia. Se olvidaron del sufragio efectivo y buscan amasar el poder desde el poder para cumplir con sus deseos, pisoteando la decisión del mismísimo pueblo que juraron proteger.
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Este es un tema que amerita sanción y procedimientos disciplinarios, pues los atropellos a la democracia integrados por los diputados de las diversas fracciones al modificar el Artículo 8vo de la Carta Magna de Baja California denotan una trampa, apoyada por los cabildos de Ensenada, Playas Rosario y Tecate.
Pero el asunto aún no termina, ya que de nueva cuenta el TEPJF deberá pronunciarse para evitar una acción que ya debiera considerarse delito electoral. ¿Será la cordura, la lógica y la legalidad lo que persistirá sobre este atropelló? Posiblemente sí, sólo que hasta ahora no hay ningún recurso ante el máximo tribunal del país.
Habrá que esperar, pero mientras tanto causa desconcierto que en el mismo estado donde hace 30 años la alternancia del poder llegó anticipadamente, en este momento se viva una oscura situación que esconde intenciones tenebrosas contra la democratización en México. Por eso, es ahora más que nunca es momento de sumarse a voces de reclamo justificadas como la Oscar Vega Marín con tal de defender los interese de los bajacalifornianos.
Estamos en un momento histórico que decidirá el futuro de nuestro país. Vulnerar la democracia bajo el cacicazgo estatal no es el camino para alcanzar un buen gobierno. Falta libertad entre los Poderes de la Unión e instituciones fuertes que impidan este tipo de acciones infames en el futuro.
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