Fortaleciendo la democracia

Por David Olivo

Después de un sinnúmero de señalamientos que evidencian la ominosa intensión del Congreso de Baja California por ampliar el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla; las diferentes fuerzas políticas se unificaron para frenar este acto vil desde el que se vulnera la democracia mexicana.

Y sin demora, se sumaron a este llamado legisladores de Acción Nacional, Morena, PRD y MC para hacerle frente a una arbitrariedad, que podría sentar un precedente vil para alargar o reducir gobiernos a conveniencia de las Cámaras locales o federales. No se trata de inclinarse hacia ningún partido, se trata de proteger la certeza del sufragio y evitar, a toda costa, la manipulación de cualquier gestión.

Así lo dijo el senador Damián Zepeda quien acertó al comentar que detener esta acción no sólo limita incrementar los años de gobierno, sino que también bloquea la posibilidad de disminuirlos. “…Un congreso opositor a un gobernante, con este precedente, podría recortar un periodo y bajarlo de seis a un año. Hay un principio de certeza que se debe cuidar”, comentó.

Con todo esto, es importante que las figuras políticas con capacidad de acción actúen en este caso que debilita el andamiaje democrático nacional. Es por ello que el gobernador en funciones Francisco Vega no debería publicar la resolución del Congreso de Baja California, pues de esta forma rechazaría y bloquearía una acción claramente tendenciosa y dañina para el estado de derecho.

También debe mencionarse que la ampliación de dos a cinco años para el gobierno de Jaime Bonilla fue un intento por aprobar un paquete de impunidad, como lo mencionó el senador Toño Martín del Campo, quien expresó esta semana su confianza en la Suprema Corte para definir una situación de inconstitucionalidad en caso de necesitarse.

Pero en esta batalla no sólo los panistas mostraron su preocupación, pues la diputada federal, Tatiana Clouthier alzó la voz señalando en múltiples ocasiones que el bien mayor debe estar por encima de las salidas falsas. Y fue ella quien encabezó la firma del punto de acuerdo, presentado el miércoles, rechazando estos sucesos, pero sobretodo aseverando que el Congreso Local tomó atribuciones que no le correspondía.

Lo innegable es que las consecuencias sobre los legisladores locales deben hacerse visibles tanto política como legalmente. Con investigaciones serias que lleguen hasta las últimas consecuencias. Tal como lo planteó el consejero del INE, Marco Antonio Baños, quien plantea analizar la decisión tomada por los diputados hasta las últimas consecuencias.

Con estas afirmaciones, el consejero remarca que lo ocurrido en Baja California no es un asunto menor. Y tiene toda la razón, dado que violentar una Reforma establecida para empatar las elecciones federales y locales no es un desperdicio, sino una acción plausible para aprovechar el presupuesto electoral al máximo, tal cual se ha hecho en Veracruz y Puebla.

Es por ello que desde esa misma trinchera, la consejera Pamela San Martín denota que este golpe al sistema democrático fue abierto desde el 8 de julio y que su intención de sumar tres años al próximo gobierno estatal es un claro desprecio al voto ciudadano. Concuerdo ambos y me sumo a sus críticas, ya que como lo señalé en este mismo espacio la semana pasada Baja California enfrenta una crisis, un atropello.

En este mismo escenario, el consejero Ciro Murayama ha expresado que los hechos de las últimas semanas son un es un “contraejemplo” a la legalidad y el sufragio efectivo y critica, con toda razón, un abuso a las reglas establecidas desde antes de las Elecciones.

Para cerrar quiero mencionar lo pronunciado por Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena, quien estima que la ciudadanía de Baja California está pidiendo esta ampliación. ¡Es falso! Se votó por un gobernador por un periodo de dos años y esta corrección peca de mentirosa. Como expresó el consejero Benito Nacif hace unos días. “Regresar en el tiempo para ampliar el mandato del gobernador no es una corrección, es una violación grave”.

Cabe resaltar que no sólo son estas voces las que se han manifestado en contra. También lo han hecho académicos, líderes de la sociedad civil y grandes periodistas.

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