El combate al narcotráfico y otras actividades ilícitas es un asunto que requiere la colaboración de todos. La dimensión que ha tomado el problema es de carácter multinacional. Está claro que esos actos delictivos tienen muy distintas formas de operar entre los lugares productores, los de tránsito y los de consumo, así como los modos de pretender legalizar los recursos que se obtienen de esos delitos.
El tráfico de drogas y sus actividades colaterales se han convertido en una compleja red internacional que dificulta la acción unilateral del Estado. De ahí que diversas organizaciones como la propia ONU, así como los gobiernos que padecen este problema cooperen entre sí para hacerles frente.
Por eso, México y otros países, entre ellos Estados Unidos forman parte de acuerdos internacionales para llevar a cabo acciones coordinadas en contra del negocio ilícito de los estupefacientes y para someter a la justicia a las personas que se dedican a esas actividades. Ese es el caso reciente en el que uno de los líderes de la delincuencia organizada internacional fue juzgado y sentenciado en Estados Unidos.
Ahora, los bienes que obtuvo esa persona deberán estar sujetos a lo que dispongan las leyes de las naciones donde se hayan cometido los delitos. Por lo que toca a México se cuenta con normas incluso constitucionales para la extinción de dominio, es decir mediante las cuales se pierde la propiedad de esos bienes a favor del Estado.
Sin embargo, también como lo ha señalado el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, una vez que se han comprobado los delitos se requiere crear una comisión binacional de México y Estados Unidos que permita un reparto justo y transparente de las propiedades que se encuentren vinculadas con esa persona. Este es un asunto que exige la colaboración bilateral con base en el derecho internacional. Por ello, es que por la vía diplomática ahora se deba alcanzar un acuerdo positivo para los dos países.