Desacreditar con calumnias y noticias falsas es la costumbre más antigua de la Cuarta Transformación (4T). Estrategia sobre la cual se busca fundar la sacrosanta verdad que desciende desde la silla presidencial.
Y es con este falso hábito que los acólitos de la 4T dedican la mayor parte de su tiempo, desde su llegada al gobierno, a manipular las estructuras institucionales para apartar a figuras clave de los temas de su interés. Y así a través de las artimañas de una Guerra Sucia desprestigiar las opiniones que no cuadran con el actual régimen en el poder.
No debería sorprendernos, pero él cinismo con que se pavonean al usarla es una clara burla a la democracia representativa. Falta sólo ver la última jugada de estos políticos para darnos cuenta de esto, pues aprovecharon el impacto del Caso Collado para intentar ligar al Mauricio Kuri, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, a lavado de dinero.
Sin embargo, Kuri demostró su inocencia al presentar su renuncia al cargo de Vocal del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros en 2015, por lo que su relación con esta compañía está completamente injustificada. Lo verdaderamente grave viene después, ya que las acusaciones, que carecen de fundamento, son claramente una “caja china”, una distracción, que busca diluir la falta de resultados de parte del gobierno mexicano con una máscara de persecución.
Otro caso similar se presentó durante las campañas electorales de 2018, cuando se relacionó al entonces candidato por México al Frente, Ricardo Anaya con una guerra sucia de desprestigio. Y todo por señalar lo evidente: El pacto PRIMOR. Cosa que se comprobó cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la existencia parcial de recursos públicos en la entonces PGR al difundir un video durante el Proceso Electoral que dañó la imagen del abanderado del PAN-PRD-MC.
Cabe señalar que la PGR exoneró de todos los cargos a Anaya dos días antes de terminar el sexenio de EPN, acción artera y tramposa que sin duda jugó un papel fundamental durante los comicios presidenciales.
Sin embargo, el juicio de la 4T no sólo se detiene en desacreditar a sus opositores y guardas silencio, sino que en conjunto con el gobierno de EPN espiaron a líderes de la oposición de ambos gobiernos como es el actual senador Damián Zepeda, que lo declaro en conferencia de prensa en el Senado de la República. Es decir violaron lo señalado en el Artículo 14 de nuestra Constitución, donde se señala que nadie puede ser privado de su libertad o posesiones sin un juicio previo.
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Además la actual administración se dedica a descalificar no únicamente a figuras públicas, sino a instituciones internacionales y a sus recomendaciones. Este es el caso de Fitch, que redujo la calificación crediticia de Pemex en enero a lo cual el jefe del ejecutivo reacciono negativamente al descalificarla y tacharla al ignorar la corrupción de gobiernos anteriores.
Algo parecido sucede ahora con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hasta antier mantenía una buena relación con la 4T hasta que redujo la perspectiva de crecimiento para del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.6 a .9%. Lo cual invocó la ira del máximo líder de Morena, quien al tomar su megáfono en la mañanera del martes minimizó lo señalado por esta institución al expresar que no confiaba en este tipo de organismos.
¿Confianza? Quienes no tienen confianza son los entidades internacionales debido a las erradicas decisiones del gobierno mexicano, pues en cada análisis marcan incertidumbre económica dentro del país, derivado de la poca inversión y un bajo consumo.
Pero sobretodo lo anterior, la 4T tiene una costumbre muy arraigada; guardar silencio de forma amañada. Degenerando las leyes y pasando sobre los intereses de los ciudadanos, como lo hizo en Baja California, entidad donde AMLO no dijo una palabra en contra de la inconstitucionalidad de la ampliación del mandato de Jaime Bonilla.
Eso sí, dijo que él no se reelegiría, pero nunca expresó su desaprobación a una acción totalmente antidemocrática, cuestionada, llena de corrupción y sobre todo criticada por miembros de todas las fuerzas políticas.
Tan es así que hoy el periodo de gobierno en Baja California pasó de dos a cinco años sin tomar en cuenta lo expresado en las urnas en junio pasado. Vivimos en una transformación hipócrita que tacha sólo aquello que la amenaza y calla, lo que la fortalece. Aspectos que no necesariamente cosechan un país con libre Estado de Derecho, sino una farsa que crece con mentiras y omisión. Pero la oposición va por dos propuestas en Baja California: “Inconstitucionalidad y Juicio Político¨ por el bien de México.