“Esto no es una manifestación, es una provocación”, así se refirió Claudia Sheinbaum a la enérgica protesta de un grupo de mujeres feministas por la falta de soluciones en el caso de la menor que presuntamente fue violada por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Si bien la investigación está en curso y deben deslindarse responsabilidades con base únicamente en las evidencias, es indiscutible que la reacción del gobierno capitalino fue insensible e intolerante.
En un país azotado por una ola de feminicidios en donde asesinan a 10 mujeres al día, las mujeres tienen razones para estar enojadas y exigir, con diamantina rosa en las manos, que los encargados de la seguridad ciudadana despierten de su letargo y hagan su trabajo. Nunca se justificará la violencia ni los destrozos en oficinas públicas pero lo sucedido es muestra de que la desaparición de la policía antimotines en la capital fue una pésima decisión porque cuando los ánimos se calientan en una manifestación, son los elementos de seguridad quienes protegen tanto a los manifestantes como a los servidores públicos, incluso las instalaciones gubernamentales. Eso sí, deben tener protocolos de actuación y respetarlos.
En los gobiernos de Morena, la ineptitud ha sido una constante y en este caso no fue la excepción pues el Ministerio Público incurrió en irregularidades dejando pasar cuatro días para que se aplicaran los exámenes y protocolos por lo que las pruebas genéticas se perdieron. Aunque la publicación de recientes videos que contradicen la versión de la joven parece cerrar el expediente, la violencia contra las mujeres en la CDMX es innegable, particularmente cuando viene de elementos policiacos.
Según información de la Procuraduría capitalina, entre el cinco de diciembre de 2018 y el siete de agosto de 2019, se abrieron 25 carpetas de investigación contra policías por delitos sexuales.
La impunidad es la principal variable que incentiva estas conductas, pues el abuso sexual está tipificado, pero no como un delito grave y prescribe a los pocos años; datos del INEGI señalan que de mil casos de abuso que ocurren, solo se denuncian 100, de los cuales 10 van a juicio y únicamente uno termina en condena. Lo anterior significa una impunidad del 99%, situación que no puede prevalecer en el país.
Datos oficiales indican que, en la capital ocho de cada 10 mujeres reportan haber tenido un episodio de violencia en su vida, mientras que a nivel nacional la media es de seis de cada diez, por lo que los índices de agresiones a mujeres son muy altos, razón por la que se pide activar la alerta de género en la CDMX.
Una de las herramientas más usadas para atacar a las mujeres es el ácido sulfúrico, una sustancia altamente corrosiva que desfigura el rostro de las víctimas. Pese a ello, en la capital se han contabilizado 100 puntos de venta cuyo precio por litro tiene un costo de 50 pesos sin regulación alguna, pese a que su venta está controlada por la Organización de las Naciones Unidas y está catalogada como peligrosa por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Ante este panorama, es fundamental implementar políticas públicas para poder prevenir, atender, sancionar y, finalmente, erradicar los delitos sexuales a través de una estrategia integral en la que se aborde la problemática de manera multisectorial con un claro enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
La 4T no puede seguir culpando a las administraciones anteriores de los problemas de la capital; deben ponerse a trabajar antes de que ser mujer sea una verdadera pesadilla en la CDMX. Al tiempo…