No a la amnistía

Por David Olivo

Un aroma pestilente de injusticia e impunidad sigue de cerca al Gobierno Federal, amargando cada una de sus acciones con un reclamo que quebranta una de las principales funciones públicas del Estado: la seguridad ciudadana.

Estamos desprotegidos frente al crimen y es una realidad que duele, porque cada día perdemos amigas, padres, madres y compañeros en las calles de las ciudades mexicanas sin esperanza de recuperarlos o con el consuelo de saber qué les pasó. Los números reflejan una situación atormentadora que escurre sangre sobre la administración en turno; pues en lo que va del año, 17 mil 164 homicidios han sido reportados.

De acuerdo a datos del Semáforo Delictivo Nacional, esta cifra incrementó en 539 casos respecto al mismo periodo de 2018, lo cual muestra una tendencia hacia el colapso de uno de los papeles fundamentales del Estado. Se trata de un incremento de, aproximadamente, 16 por ciento en homicidios dolosos respecto al año pasado, de los cuales cerca del 75% se encuentra vinculados al crimen organizado.

Y con estas cifras llega el hartazgo, la decepción y desesperación, dado que estamos lejos de alcanzar los derechos básicos para la convivencia pacífica. Mismos que escasean aún más dependiendo si eres mujer u hombre, pues en México cerca de mil 812 feminicidios han sido reportados en 2019, los cuales incrementan la violencia de género de forma grosera cuando se suman a los dos mil 586 casos de abuso sexual y mil 895 violaciones.

¿Qué espera el jefe del Ejecutivo Federal para actuar? ¿Qué le falta a la Cuarta Transformación para detener esta hemorragia de violencia? Es momento de actuar con firmeza contra estas pandillas a las que les debemos los casi 840 casos de secuestro en este año. No se debe buscar pactos de impunidad con ellos, como sugirió la secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero (declaración de la que se arrepintió pronto).

Son estas acciones las que ultrajan el futuro e insultan la memoria de las víctimas con dobles discursos; pues mientras en Palacio Nacional se niega lo dicho en días anteriores por miedo a verse desacreditados, en Michoacán se confirmó lo insinuado por Sánchez Cordero. El gobernador de esta entidad acusó abiertamente a Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, de ofrecer dinero a delincuentes.

Mientras tanto, la SEGOB esconde su pretensión por pactar al crimen organizado, las fuerzas de la ley están minimizadas, ya que una cuarta parte de los municipios del país están desprovistos de policías.

Dentro del nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se expone que los dos mil 446 municipios a lo largo de la República, 650 no tienen fuerzas policiacas, dejando en promedio 0.9 unidades por cada mil habitantes.

Lamentablemente, en el documento elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se señala la falta de financiamiento como una de las principales razones del poco personal en servicio. Y con estas limitantes surge la imposibilidad de crear un salario policial homologado o equipamiento adecuado para sus actividades.

Con estas deficiencias, el Modelo Nacional integra una fuerza de 255 mil 673 uniformados, de los cuales 128 mil 193 son estatales y 127 mil 480 municipales. Es con esta pobre estructura que se busca frenar un problema de magnitudes titánicas que lleva un saldo, hasta el momento, 4 mil 884 extorsiones en 2019.

De tanto queda una pregunta por resolver. ¿El crimen organizado ya superó a la Gobierno Federal o se las autoridades declaran incompetentes ante una crisis que está más allá de los saldos rojos?

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro

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