Santa Lucía no es un asunto entre buenos y malos

Por Kenia López Rabadán

Los juicios de amparo promovidos -ante diversos tribunales de la Ciudad de México y del estado de México- por diversos sectores de la población demuestran que el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía no sólo es inviable, sino que no fue debidamente socializado con las comunidades aledañas, sobre todo, con los pueblos y comunidades indígenas que se verán impactados con esta nueva actividad.

El Poder Judicial ha visibilizado en cada una de las suspensiones otorgadas, que el proyecto de Santa Lucía viola los derechos ambientales de las y los ciudadanos, además de que no cuenta con los permisos que por ley debería cumplir.

En ese sentido, el gobierno federal debe parar las descalificaciones hacia el Poder Judicial y al sector empresarial con afirmaciones tan desatinadas como que “no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país” o que “se les fue un negocito de algunos billullos y están utilizando todos los recursos de manera muy inmoral”; no pueden seguir utilizando un discurso divisorio entre buenos y malos, o entre los que apoyan a la cuarta transformación y los que se han visto perjudicados y hacen valer sus derechos.

Decir: “vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional”, no solo denota el desconocimiento de la ley del titular del ejecutivo, sino que también demuestra que la construcción del aeropuerto es un capricho más del presidente y que el gobierno no cuenta con los estudios suficientes para su debida construcción. El gobierno en turno debe respetar la división de poderes y la legalidad de las decisiones del poder judicial, así como enmendar su arbitraria decisión de construir un aeropuerto en un espacio que no cuenta con las especificaciones idóneas. La autoridad federal aún está a tiempo de reconsiderar el proyecto en Texcoco y reconocer que desde un principio, su cancelación mediante una consulta patito, fue un error.

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