:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/52IYX2QNFJHNXF23LV6WKDPRBU.jpg)
El artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. También menciona que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
No obstante, durante décadas estuvo pendiente la creación de una Ley que reglamentara el uso de la fuerza por parte de la autoridad. Después de varios meses de discusión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el pasado 27 de mayo de 2019 se publicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Para la elaboración de esta Ley tomamos en cuenta las exigencias de las y los mexicanos, los señalamientos de las organizaciones de la sociedad civil, las recomendaciones de los académicos, así como las sentencias de organismos internacionales.
En esta Ley se establece que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos y se plasman los límites para evitar los excesos y abusos de la autoridad en materia de seguridad.
En la Ley queda claro que el uso de la fuerza letal será el último recurso y, en su caso, se deberá comprobar que la agresión era real, actual o inminente y que ponía en peligro la vida de alguna persona.
La Ley contempla que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones pacíficas. En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos. Sin embargo, cuando éstas se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo con los distintos niveles de fuerza, siempre de manera proporcional y bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Hay reglas claras para el uso de la fuerza, así es que dependerá del entrenamiento y del juicio de cada miembro de las instituciones de seguridad, al momento de los operativos, aplicarlas, así como a las distintas instancias del Estado, juzgarlas. Pero ello de ninguna manera debe dejar en la indefensión a quienes a diario arriesgan su vida por nuestra seguridad y nuestra paz.
