La educación más que un principio, es un derecho constitucional al que todas y todos los mexicanos debemos tener acceso pleno. Desde 1917 se entendió que educar a la población es una responsabilidad que debe asumir el Estado porque se trata del factor fundamental para eliminar las desigualdades sociales.
En ese sentido, se han hecho diversos esfuerzos para que cada vez haya una mejor calidad que permita a las y los mexicanos elevar su calidad de vida y tener acceso a los conocimientos y adquirir las habilidades para enfrentar los retos de su tiempo.
En los años recientes, se impulsó una reforma educativa a nivel constitucional que puso el énfasis del mejoramiento educativo en sancionar a las maestras y maestros, así como en un plan que hacía a un lado a las familias y comunidades. En ese proceso, además se ignoró la opinión de quienes están directamente involucrados.
Lamentablemente, hizo falta escuchar a los actores de la educación, al profesorado, a los estudiantes y a los padres de familia. La mal llamada reforma educativa se convirtió en tema de controversia política y no tuvo ningún efecto positivo en los alumnos, lo cual sin duda es lo más importante.
De ahí que se propusiera una nueva reforma constitucional que obtuvo un gran respaldo político y social y que como consecuencia ahora sea indispensable actualizar las leyes secundarias. Al poner en el centro de la política educativa al Estado como rector, pero tomando en cuenta sobre todo al magisterio, sin perseguirlo, y a alumnos, familias y comunidades se crea un círculo virtuoso que se traducirá en beneficio de cada una de las personas y de la sociedad en su conjunto.
Por eso, sin duda, la auténtica reforma educativa que analiza el Congreso servirá para disminuir la desigualdad entre los mexicanos y para impulsar el desarrollo nacional.
