El quinto aniversario de la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero, es un recordatorio permanente sobre la urgencia de procurar justicia en una sociedad lastimada por la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
Un caso que se evaluó mal desde el principio por el gobierno federal anterior y que se condujo aún peor en su investigación, ha hecho que las nuevas autoridades del país anuncien una nueva indagatoria que empezará de cero.
Como el caso más emblemático, aunque no el único en el país, sobre los abusos que pueden originarse desde el poder en contra de cualquier persona, el caso de los normalistas de Ayotzinapa pondrá a prueba a toda la sociedad mexicana en los próximos años.
Primero, porque deberemos conocer la conclusión a la que lleguen tanto la fiscalía especial como el gobierno en su conjunto acerca de lo que sucedió esa noche y, a partir de ahí, confiar en los datos, pruebas y versiones que se presenten; luego vendrá la posición de los principales afectados, las familias y los sobrevivientes, quienes tendrán un punto de vista definitivo al respecto.
En segundo término, estará el ejercicio de la Ley y de la justicia en contra de quienes resulten responsables y un proceso de restitución que le brinde consuelo a quienes perdieron un hijo, un hermano, un sobrino, en este terrible hecho de nuestra historia reciente.
La tercera etapa será también delicada: la reconciliación social que permita ver hacia adelante y prevenir en el futuro cualquier caso igual o parecido a éste en el país. Para ello se necesita la verdad, por dolorosa que sea, porque no puede terminar el sufrimiento sin antes entender lo sucedido.
Gran parte de la molestia civil que se reflejó en las elecciones del año pasado nació con la desaparición de los 43 normalistas. Fue la gota que derramó un vaso muy lleno para la mayoría de nosotros. Hoy existe voluntad y compromiso para resolverlo, por el bien de todos, es fundamental que así continúe y la sociedad colabore ampliamente, sobre todo, para que nunca más se repita.