Actualmente en nuestro país hay supuestos en los que el aborto no se sanciona, por ejemplo en casos de violación.
Fue en abril de 2007 cuando la antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal, para permitir la interrupción legal del embarazo cuando no tuviera mas de 12 semanas. En agosto de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó su constitucionalidad, en la ahora Ciudad de México, como respuesta a diversas impugnaciones a dichas reformas.
No debemos confundir las excluyentes de responsabilidad, con legalización del aborto. Algunas de las causales -a nivel federal- para la interrupción legal del embarazo en nuestro país son: cuando el embarazo fuera resultado de una violación o cuando la mujer o el bebé corran peligro de muerte. En diversos estados de la federación cuando el embarazo sea por una inseminación artificial no consentida o cuando haya alteraciones genéticas o congénitas graves en el bebé.
Estás excluyentes no son en modo alguno equiparables a la legalización del aborto. La razón es sencilla: en algunos dilemas, la autoridad no castiga esa difícil decisión.
La Corte ya resolvió, pero lo verdaderamente importante y trascendente de la discusión sobre este tema, es que es inentendible que haya gobiernos que no piensen en generar políticas públicas para erradicar dicha práctica, sino gobiernos que se enfoquen en los efectos antes que en las causas.
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Las políticas públicas que deben adoptar los gobiernos deben ser de prevención, de información, de salud, de educación sexual, es decir, medidas que permitan que una mujer no se vea (en lo posible) en un escenario así nunca; no tiene que ver con un tema legal, sino con la parte humana. Que una mujer tenga que vivir un proceso de aborto, debe ser una de las situaciones más complejas en su vida, no obstante, que la interrupción del embarazo no sea sancionada, no significa que deba ser la única política pública aplicable por algunos gobiernos. Lo mejor es no tener que ubicarse bajo el supuesto de tener que abortar, esto solo se logra con acciones enfocadas a la prevención e informando de manera efectiva a la población. Ahora la discusión deberá versar sobre las políticas públicas necesarias.
La vida es reconocida desde la concepción en nuestras leyes y el Estado es quien debe procurar las herramientas necesarias para que cada vez menos mujeres tengan que pasar por una experiencia como la interrupción del embarazo, que seguramente marca un antes y un después en la vida de quienes desafortunadamente lo han vivido.