Hay situaciones que polarizan a las sociedades en todo el mundo, no solo a la mexicana y este tema es uno de ellos. Con seguridad hablamos de enfrentar una decisión extremadamente difícil, porque además de que corresponde al ámbito individual y que las causas que lo originan son muy diversas, el entorno familiar y social, generalmente, lo sancionan y, en algunos casos el Estado también.
Por eso, este tema debe ser atendido como un asunto de salud pública y no como una cuestión de seguridad. En ese sentido, hay que reconocer que cada año mueren o quedan afectadas en sus condiciones físicas reproductivas miles de mujeres que optan por una práctica riesgosa para la salud. Sin embargo, entre las posiciones a las que también cada persona o comunidad tienen derecho de adoptar, el Estado debe ser respetuoso de todas.
En diversas entidades del país se ha castigado a mujeres que han padecido algún aborto natural o que han tenido que recurrir a esa práctica, aun cuando ellas han sido víctimas de diversos delitos inaceptables como la violación o de situaciones adversas. De ahí que el presidente de la República haya propuesto una iniciativa al Congreso de la Unión para otorgarles amnistía a las mujeres que están en prisión por esa causa.
Lo que es indispensable es que todas las personas tengan acceso a información que permita evitar una situación que con frecuencia pone en riesgo la vida de las mujeres. El mejor antídoto para ese fenómeno es la prevención mediante la educación, en especial para las y los jóvenes que son quienes están en mayor riesgo de enfrentar una situación que les afecta física y emocionalmente. Lo más importante en cualquier problema de salud pública es utilizar todas las herramientas de la prevención, antes que la remediación.