Como sociedad debemos reconocer la violencia, en cualquier de sus formas, y rechazarla de inmediato, venga de donde venga. En un país lastimado por la corrupción, la impunidad, la falta de seguridad pública y de procuración de justicia, es fácil confundir la legítima protesta con la provocación y la ira que busca enfrentarnos uno contra el otro.
En las últimas semanas, y desde el cambio de gobierno en la Ciudad de México, los conflictos sociales de diverso origen han sido un punto de atención para las nuevas autoridades. Recordemos los primeros reclamos de mujeres que afirmaban que las intentaban secuestrar afuera de algunas estaciones del Metro y cómo se consideró insatisfactoria la respuesta oficial, que aseguró no contar con denuncias reales al respecto.
De ahí, siguieron diferentes hechos delictivos de mucho impacto que dispararon la percepción de inseguridad en nuestra capital, a los que se sumó una grave protesta contra los feminicidios que terminó con destrozos y pintas en la Glorieta de los Insurgentes y Paseo de la Reforma.
El quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa reavivó la violencia que provocan muchos asistentes embozados a las marchas y que no tienen ninguna relación con los organizadores o los participantes de la causa, pero que de todos modos repiten su ritual de daños.
Ya con una preocupación política y social a cuestas, llegaba una conmemoración más de la matanza del 2 de octubre. Desde el lunes, el propio presidente de la República sugirió la manera en que podría resguardarse a la manifestación y evitar el impacto de los provocadores, tal y como lo hizo él y muchos que fueron opositores al régimen anterior.
La solución, poco ortodoxa, fue desplegar a servidores públicos de la Ciudad en un cordón que atenuara las posibles agresiones de quienes ya no están identificados con la izquierda, el anarquismo y mucho menos con las y los capitalinos que rechazamos la violencia en nuestras calles (como si faltara).
El éxito de esta medida está todavía pendiente, porque falta que pase tiempo para comparar las reacciones en una u otra manifestación, de entrada, la violencia estuvo concentrada, los provocadores eran menos y las agresiones fueron rechazadas, una y otra vez, por los organizadores y participantes del aniversario. Aún, así, se reportaron más de diez personas con heridas de consideración.
Nuestra historia no está exenta de agravios, abusos de poder e injusticias, y la protesta es una vía legítima y un derecho que cualquier sociedad debe ejercer ante estos sucesos; tampoco deben olvidarse jamás para que la memoria recuerde que nunca deben repetirse, sin embargo, llego el momento de que las y los ciudadanos cumplamos con la obligación de rechazar la violencia, de donde venga y en la forma que sea.