Nuevo ministro de la SCJN, un proceso sin precedentes

Por Kenia López Rabadán

La renuncia de Eduardo Medina Mora Icaza como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio paso a un proceso sin precedentes desde la reforma constitucional de 1994, por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 96 y 98 de la Constitución Federal, el presidente de la República deberá someter una terna a consideración del senado, toda vez que la ha aceptado la renuncia públicamente.

Ya que el Senado haya recibido el comunicado oficial de esta decisión, se deberá turnar a comisiones con la finalidad de emitir un dictamen que podría ratificar o no la decisión del titular del Ejecutivo Federal. De ser aprobada en comisiones, el presidente López, deberá enviar tres propuestas para ocupar el cargo.

Esta terna comparecerá ante la Comisión de Justicia del Senado, a efecto de emitir un nuevo dictamen de “idoneidad” de los tres perfiles, el cual se discutirá en el Pleno y mediante el voto de las dos terceras partes de las y los senadores presentes, se elegirá a la nueva ministra o ministro del Máximo Tribunal del país. Para ello contaremos con un plazo de 30 días a partir de la recepción de la terna, y de no resolverse en ese término, el presidente estaría en posibilidad de elegir a una de sus propuestas enviadas al senado.

Las y los senadores de todas la fuerzas políticas, debemos exigir que sus propuestas sean sólidas y sin sesgos partidistas, es decir, perfiles que garanticen la independencia de la Suprema Corte, y entonces, ésta pueda cumplir con su importante responsabilidad de preservar el funcionamiento del Poder Judicial, sobre todo después de lo que hemos visto durante este año, en el que instituciones han sido atacadas y debilitadas por el gobierno federal.

Por el bien de la justicia en nuestro país, requerimos que las tres propuestas que recibamos no sean perfiles afines al presidente y a su partido -como ha pasado en otras ocasiones-, pues podría dañar el principio de división de poderes en un intento de inclinar a su favor a la Corte mexicana, por lo que será responsabilidad del Senado de la República, elegir a la persona más propicia para el cargo, dejando de lado filias y fobias, para lograr un verdadero sistema de pesos y contrapesos.

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