Cuando el 21 de agosto de 2008 el empresario Alejandro Martí alzó la voz para exigir: “¡Si no pueden, renuncien!”, en lugar de que el gobierno de Felipe Calderón resolviera el caso del secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, decidió fabricar culpables, y arrestar a Lorena González Hernández, entonces subinspectora de la Dirección General de Secuestro y Robo de la Coordinación de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Ante la urgencia por responder frente a una sociedad indignada por el nulo esclarecimiento del crimen, el 5 de septiembre de 2008, Lorena González fue detenida en las instalaciones de la Policía Federal, donde había trabajado desde 1995, en cumplimiento de una orden de presentación emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal acusada del secuestro y asesinato de Fernando Martí.
Exhibida en conferencia de prensa como una de las líderes de una banda de secuestradores y delincuente de alto perfil, pasó seis años 10 meses y 11 días en prisión en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.
Fue acusada al menos de ocho delitos y de pertenecer a “La Flor”, una banda inexistente a la que la Procuraduría capitalina, entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, atribuyó el plagio y asesinato de Fernando Martí, de 14 años de edad.
Así operaba la política de fabricación de culpables, así actuaban los policías, las autoridades ministeriales, y las autoridades judiciales. Así el uso arbitrario y abusivo del poder político ejercido por la anterior administración fincada en un régimen político caduco, corrupto, inequitativo y fincado en privilegios ante la impartición de justicia.
“La mantuvieron privada de su libertad a pesar de que, en el fuero federal, ya había una persona procesada, acusada y confesa por los mismos hechos y delitos. El caso de Lorena González es una muestra de la forma rutinaria de las violaciones a derechos humanos que se cometían en la Ciudad de México, bajo un sistema de justicia corrupto”, refiere la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
En 2010, la exagente de la Policía Federal presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quien determinó que “no existían elementos suficientes para acreditar las violaciones a los derechos humanos”.
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Su abogado acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quién, varios años después, y tras un intento de cerrar el expediente, emitió la Recomendación 64/2018 dirigida al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Poder Judicial.
LLEGA LA DISCULPA PÚBLICA
Luego de un largo proceso de defensa penal y constitucional por parte de la acusada, el pasado 10 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, (PGJ-CDMX) y el Tribunal Superior de Justicia, (TSJ-CDMX) ofrecieron una disculpa pública y de responsabilidad institucional a Lorena González Hernández como víctima de detención arbitraria, fabricación de culpables, arraigo, y distintas violaciones a los derechos humanos».
Lamentaron “la actuación del entonces procurador Miguel Ángel Mancera, así como de jueces capitalinos y agentes del Ministerio Público, que «fabricaron esos delitos con afanes políticos”, y admitieron que “se violentaron las garantías individuales de González Hernández , se transgredió el debido proceso, el principio de presunción de inocencia, y se le infringió un daño moral con falsas acusaciones”.
La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, se comprometió a que “pagarán quienes fueron responsables” y lamentó “la actuación de los entonces funcionarios de la Procuraduría, la detención arbitraria que se realizó y su exposición perniciosa a los medios”.
Reconoció que a Lorena “se le violentaron los derechos humanos, cuando prevalecía en el país una procuración de justicia que fabricaba culpables para llenar las cárceles antes que atender las causas”.
Lorena González ha aceptado la disculpa pública, no sin criticar la actuación de jueces, magistrados y ministerios públicos que fabricaron pruebas para mantenerla en prisión durante casi siete años y exigió al Poder Judicial de la capital “no fabricar delincuentes donde hay personas buenas; la fabricación de culpables es deshonrosa”, denunció ante los medios.
PLAN DE TRANSICIÓN
El 17 de septiembre del año 2018 entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México que prevé que: “El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios”.
En el marco de esta Transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la procuradora Ernestina Godoy han expresado su convicción de acabar con el ritual de los oficios, así como con la activación lenta, burocrática e ilógica de la investigación policial en delitos de alto impacto.
Terminar con la indefinición de responsabilidades frente a la víctima, (existirán equipos especializados y responsables directos de cada carpeta de investigación), acabar con el abuso policial y los métodos de investigación autoritarios, y erradicar el “trato VIP”, para que casos iguales tengan la misma respuesta institucional. Una de las metas del Poder Judicial de la Ciudad, es que todas las personas tengan las garantías necesarias para su defensa y salvaguarda de sus derechos humanos.
El tiempo, la investigación, los procesos judiciales, la aplicación de la ley, la voluntad política y el genuino compromiso bajo la actual administración, han puesto las cosas en su lugar para Lorena González Hernández, y para que nunca más se repitan casos similares al suyo.