El jueves de la semana pasada, en Culiacán, Sinaloa, hubo un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de fuerzas federales, con motivo de un operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue detenido (por contar con orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal) y luego liberado, lo que trajo como consecuencias 8 personas muertas, 49 reos libres y varios heridos y, en general, provocó “terror” en la población.
Es importante señalar que el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y fundamentales de todas las personas.
Sin embargo, existen puntos de vista que establecen que el gobierno federal no cumplió con dicho mandato, pues al verse rebasado, decidió liberar a Ovidio Guzmán, y, otras opiniones, que señalan como válido el argumento de que por encima de capturar delincuentes estuvo salvaguardar las vidas de la sociedad culiacanense.
Al respecto, el titular de la Defensa Nacional comentó que se actuó de manera precipitada y el de Seguridad Pública reconoció que se localizó a Ovidio Guzmán, pero que se decidió liberarlo porque las fuerzas federales fueron superadas por grupos delictivos, lo que se confirmó posteriormente, pues llegaron aproximadamente 230 elementos de las fuerzas especiales del Ejército con el fin de reforzar las acciones de salvaguarda de los ciudadanos, se habla que son militares de élite que cuentan con un adiestramiento y armamento especializado, quienes responden a operaciones particulares que ameritan su presencia, lo que pone de manifiesto que en el Estado de Sinaloa se está reforzando la seguridad.
El Gobierno Federal debe garantizar el estado de derecho en subsecuentes situaciones para dar confianza a la población.