Desde hace mucho tiempo la inseguridad es el tema que más preocupa a los mexicanos; hace poco más de diez años, la violencia se desató en diversas regiones del país. Se trata, al parecer, de un problema estructural que requiere, darle la mayor atención de parte del Estado mexicano.
De ahí que todas las instituciones públicas estén volcadas en resolver ese asunto que se ha convertido en una cuestión de extremo cuidado y dado que la delincuencia organizada tiene vínculos que rebasan las fronteras de los países exige, incluso la colaboración internacional.
Los tristes y reprobables acontecimientos sucedidos la semana pasada en Sinaloa ponen de manifiesto la enorme fuerza violenta con la que cuentan los grupos criminales. Sin embargo, pese a que como se ha reconocido las instituciones responsables de seguridad cometieron algunos errores de planeación y de estrategia, lo cierto es que al final de cuentas prevaleció, afortunadamente, el sentido común y se evitó una tragedia mayor.
En torno a este hecho han aparecido muchas visiones y algunas críticas que deben tomarse en cuenta, pero sobre todo esa lamentable experiencia debe servir para revisar los protocolos de los operativos. No obstante, no debe ser pretexto para que el Estado mexicano asuma una postura rígida y autoritaria. Como lo ha señalado el Presidente de México, nunca se ha apagado un fuego con más fuego.
Ciertamente, lo que se requiere es fortalecer las estrategias de atención a las necesidades sociales y de generación de empleo para evitar que los jóvenes vean como una opción de vida las actividades ilícitas. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer a las instituciones de seguridad, procurar la colaboración internacional para detener el tráfico de armas y mantener una política firme de pacificación del país. Es una tarea de mediano plazo, pero para restablecer la seguridad siempre será mejor la prudencia y la paciencia que acciones represoras que lo único que propician es más violencia.