Revocación de mandato

La revocación de mandato se aprobó por todas las fuerzas políticas, salvo el PAN, en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Las reformas a los artículos 35, 36, 81, 84,99, 116 y 122 de la Constitución son inéditas.

Permiten la revocación de mandato y consultas ciudadanas, abren otra puerta a la democracia participativa, y fortalecen las capacidades de la ciudadanía para decidir si el Presidente continúa en el cargo o no.

Aseguran que las riendas del poder la tengan los ciudadanos, y dan cabida a que el pueblo sea consultado en los asuntos más importantes de interés común, no sólo durante los procesos electorales sexenales, sino en todo momento con el objetivo de fortalecer la democracia plena en nuestro país.

Será la ciudadanía la única que podrá solicitar una consulta sobre la continuidad en funciones del jefe del Ejecutivo, que propuso elecciones revocatorias de mandato presidencial desde su campaña electoral.

Actualmente, el artículo 108 indica que el Presidente de la República “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Con las reformas citadas, se establece que el Presidente podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 Constitucional: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

El 21 de marzo de 2022 sería el día de la consulta para saber si el Presidente continúa en el cargo o renuncia. Para que el ejercicio sea válido, se necesitaría por lo menos, el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, aproximadamente 36 millones de electores, y se haría por la vía del voto libre, directo y secreto. La revocación no podrá coincidir con las jornadas electorales federales o locales.

El dictamen que contiene reformas y adiciones en esta materia pasó a los congresos de los estados.Hasta el momento Tabasco, Hidalgo y Morelos ya aprobaron las modificaciones a la minuta que envió a los estados el Congreso de la Unión. Al tratarse de una reforma constitucional, la mitad más uno de las legislaturas estatales, es decir 17, deben de aprobar la modificación para que entre en vigor. Todo el proceso estará en manos del Instituto Nacional Electoral, INE.

Será el ciudadano quien tendrá la posibilidad, como lo establece la Constitución, de cambiar la forma de su gobierno, y el Presidente podría ser juzgado como cualquier otra persona, no como ocurría en anteriores administraciones que la Presidencia gozaba de impunidad constitucional.

Ahora, los cambios en la legislación, permitirán llevar a tribunales a los mandatarios por un mayor número de ilícitos, y así impulsar cambios para terminar con la corrupción. Estas reformas significan un avance muy importe contra los privilegios, contra el autoritarismo, la impunidad, y contra la corrupción.

Con lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un extraordinario reformador, pone el ejemplo y promueve nuevos marcos legales para el combate a la impunidad, podría ser el primer Presidente a quien aplique o no la revocación de mandato.
La revocación de mandato podrá ser solicitada una sola vez en cada período sexenal y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional de su mandato.

También será aplicada a gobernadoresde las entidades federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El documento plantea que la revocación de mandato sea un «instrumento de participación» con el que la ciudadanía pueda concluir de manera anticipada el encargo de un mandatario si se le ha perdido la confianza.

En el caso de la consulta popular, podrán realizarse sobre temas de trascendencia nacional y regional con el fin de promover la discusión informada y la reflexión, quedan excluidas de su cobertura la seguridad nacional, el presupuesto, los impuestos, los derechos humanos, y los tratados internacionales.

El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno,“El pueblo quita, y el pueblo pone”: es el compromiso del Presidente. Son los ciudadanos quienes refrendarán o no la validez del cargo de los funcionarios públicos.

Entre tanto, el derrotero que está tomado la 4T y sus efectos en la evaluación del gobierno cada día son más positivos. Avanza la política transformadora. Avanza la presidencia fuerte. El escenario nos favorece.