En Nuevo León la crisis de inseguridad trajo consigo múltiples víctimas y adversidades, pero también un entendimiento mayor sobre las razones que hacen tal crisis. De ahí qué hay propuestas que son ya referente nacional. Por ejemplo, la forma en cómo opera Fuerza Civil para mantener el orden, o bien, iniciativas de la ciudadanía que colaboran con los gobiernos como el Centro de Integración Ciudadana (CIC) para generar reportes o denuncias.
Los aprendizajes después de vivir una década sangrienta nos hicieron comprender que hay que generar proyectos específicos que estén anticipándose a la posibilidad de que se consumen los delitos.
Esa visión integral que, además, observe los derechos humanos, podría dar lugar a una fórmula más adecuada para responder a lo que es el problema más lacerante de este país en varias ciudades y pueblos.
Se necesita algo más que sólo proveer información por las mañanas o con la Guardia Nacional (que sigue teniendo problemas internos para funcionar de forma óptima). Requerimos que esa colaboración sociedad civil y gobierno esté enfocada en resolver. El Gobierno Federal debería hacer la apuesta institucional que esto representa y abrir la puerta a la integración de propuestas desde la iniciativa privada y la ciudadanía. Hoy, las instituciones están tan rebasadas que el Estado no podrá solo mediante esas vías.
Hasta la fecha no hay claridad sobre cómo se le está haciendo o piensan hacer para reducir los indices de violencia y delincuencia. Se pierde el tiempo mientras la delincuencia gana terreno. El reto para este gobierno es grande porque en una crisis añeja tampoco hoy se ve claro cuál es la estrategia y sin resultados tampoco podemos avanzar. La seguridad es, sin duda, una de las prioridades más importantes que necesita de algo más que la voluntad de las personas para poder alcanzar la calidad de vida que necesitamos.