Alerta de Género: Un sello de gran compromiso

“Si una sola niña se siente segura caminando por la Ciudad de México, todos nos vamos a sentir seguros, menos vulnerables”, y en ello está trabajando la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ha definido el combate a la violencia de género y la violencia feminicida como un tema casi personal, “podría tratarse de nuestras madres, nuestras hijas, o nuestras hermanas”, ha comentado.

Sheinbaum, tomó la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México, como un asunto de trascendencia para la vida pública del país, el programa incluye cinco acciones de política pública para dar seguridad a este sector. Se publicará hoy lunes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y es independiente de la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada por la Secretaría de Gobernación (Segob) federal. Formalmente la Secretaría de las Mujeres a petición de la jefa de Gobierno solicita la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM) a la Secretaría de Gobierno.

Una de las prioridades de la jefa de Gobierno ha sido erradicar la violencia de género, pues considera que “mientras más se esconda, menos se resolverá”. Con ello, una acción de responsabilidad para que toda la sociedad esté atenta a los delitos cometidos contra las mujeres. Ya lo dice el presidente López Obrador en su libro Hacia una economía Moral: “se requiere de justicia para mejorar la descomposición social y los males que nos aquejan, para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública”.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho humano universal de las mujeres a una vida sin violencia, con este fin se han capacitado a 166 mujeres abogadas que desde mayo, atienden en las agencias descentralizadas del Ministerio Público donde ofrecen asesorías y acompañan a niñas, jóvenes y mujeres adultas para denunciar situaciones de violencia, especialmente agresión sexual y violencia intrafamiliar; “la ciudad de México está promoviendo nuevas pautas que permitan que las mujeres y las niñas se sientan más seguras a través también, de una cultura de denuncia”, refiere Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaria de las Mujeres.

Esta semana se enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para que se conforme el Registro Público de Agresores Sexuales con Sentencia Firme, como ya existe en otros países, para que todas y todos (en la capital del país) sepamos quienes son los violadores y queden perfectamente identificados.

La jefa de Gobierno, también exhortó al Congreso de la Ciudad de México a aprobar la ley que sancionará el acoso y la violencia digital llamada Ley Olimpia, así como la ley que envió desde hace algunos meses para crear el Banco de ADN contra agresores sexuales.

Además, a partir de 2020 se ampliará el presupuesto para los Centros de Atención Integral para las Mujeres,y se gestionará la profesionalización con certificación de los Ministerios Públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual.

Se construirán más Senderos “Camina Libre, Camina Segura” con luminarias, alarmas, botones de auxilio y mejoras de la imagen urbana. A ello se suman las campañas “No es costumbre, es violencia”, y la que se difunde en medios masivos de comunicación y trasporte “#DateCuenta entre todos paremos la violencia”.

“La violación y los feminicidios son el rostro más vergonzoso de la desigualdad entre hombres y mujeres y no es tolerable en pleno siglo XXI”, considera la jefa de Gobierno, es por esto que ha instruido a los entes públicos del Gobierno de la ciudad (policías de investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ministerio Público, Procuradora, y subprocuradores, para que redoblen los esfuerzos de acuerdo con sus atribuciones, con la finalidad de ejecutar las medidas de prevención, atención, seguridad y justicia que sean necesarias para garantizar a las mujeres y las niñas el derecho a una vida libre de violencia.

En paralelo, en días recientes, el Congreso local aprobó dos reformas al Código Penal para castigar las violaciones sexuales a bordo del trasporte público y unidades de movilidad privada tipo Uber, Cabify, Didi, Beat, así como los ataques con sustancias corrosivas por razones de género.

En la primera reforma se impone una pena de cuatro a siete años de prisión a quien prive de la libertad a una persona con el propósito de realizar un acto sexual; la pena aumentará 50 por ciento cuando el delito ocurra en trasporte público o vehículos de la red de movilidad privada.

La segunda reforma ordena la imposición de seis a ocho años de prisión a quien produzca la pérdida de cualquier función orgánica de un miembro, de un órgano, facultad, o cause una enfermedad incurable; la pena aumentará 50 por ciento cuando existan razones de género, y cuando a la víctima se le hayan infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones. También se erogó el artículo 136 del Código Penal referente al concepto de “emoción violenta” o “móvil pasional”, que se utilizaba como atenuante para justificar actos de violencia.

La violencia contra las mujeres es un tema que atañe a todos, desde la jefa de Gobierno hasta el último funcionario público de esta administración. Acabar con la violencia es responsabilidad de todos. El gobierno de la ciudad se muestra decidido a poner fin a este flagelo, a través de acciones contundentes para mitigar el riesgo de ser mujer, y favorecer la protección a la vida y la integridad total de las mujeres. Estamos ante un asunto político trascendente para la vida pública del país, y como tal la jefa de Gobierno ha decidido enfrentarlo.

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