El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada declaró que su gobierno lleva 90 días “trabajando” para clasificar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos de la droga (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana, Juárez, Los Zetas, etc.).
Lo anterior, debido a que, según sus declaraciones, están “perdiendo a 100.000 personas al año por lo que está sucediendo y lo que está viniendo desde México, así como que el nivel de violencia que han alcanzado estas organizaciones justifica dicha medida, señalando que le ha ofrecido “al presidente mexicano que los deje ir y limpiarlo y él, hasta ahora, ha rechazado la oferta. Pero hasta cierto punto, algo tiene que hacerse”.
Lo anterior, implica para el Estado Mexicano una intervención por parte del país vecino en los asuntos internos y que solo nos comete a nosotros solucionar, lo cual, sería demasiado peligroso y nos convertiría en un país cuya soberanía estaría en entredicho.
Sin embargo, el cumplimiento de dichos señalamientos no es tan sencillo de que se lleve a cabo y menos que se materialice, puesto que tienen que pasar por un proceso político complicado y tardado en el país del norte, es decir, no se trata únicamente de una decisión personal, sobre todo si se considera que elevar los cárteles de la droga en México a “terroristas” no es una idea nueva puesto que otros políticos lo han señalado.
Por ello, el gobierno mexicano ha rechazado contundentemente esas manifestaciones de conformidad con los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos que en el ámbito internacional rigen.
De ahí que, el Gobierno del Presidente de la República debe velar siempre porque se cumplan dichos principios y rechazar totalmente dichas manifestaciones en atención al respeto que los demás países deben tener de la soberanía de nuestro país.