La detención en Texas del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, abrió un capítulo más de la narco-política nacional. Pues a pesar de esperar juicio por supuestos sobornos millonarios relacionados con el narcotráfico, ya se señalan a otros tantos políticos, entre los cuales suenan nombres de funcionarios de la Cuarta Transformación.
Lo cierto es que aún falta la resolución del proceso iniciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mismo que inició con una acusación lanzada por un testigo protegido, quien se presume es Jesús “El Rey” Zambada, un ex aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sin duda es una acusación que causó revuelo esta semana y que sumó una pieza más del rompecabezas del Cártel de Sinaloa; pues, aunque la inocencia de García Luna está en juego todavía, no se pude negar la importancia que tuvo durante sexenios pasados.
Además de la relación y el estatus de poder que tuvo en el apogeo de uno de los carteles más reconocido de los últimos tiempos.
En primer momento, la acusación al exsecretario fue dirigida por el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donogue, quien lo culpó de conspirar con el narcotráfico, destacando otras tantas denuncias lanzadas por la Corte de Brooklyn y otros tribunales.
Hecho que dejó ver que el caso está respaldado por investigaciones de diversas fiscalías y cortes; sin embargo, son las declaraciones de Zambada las que causan cuestionamiento.
Y esto se debe a que Zambada no ratificó ante el tribunal su dicho por riesgo de no contar con pruebas suficientes para respaldarla, arriesgando su calidad de testigo protegido. Este es un hecho relevante, pues las afirmaciones del ahora testigo no cuentan con pruebas suficientes.
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Pero de suponer que sus declaraciones son correctas, pondría un grave predicamento en el Estado mexicano, pues en ellas se expone una profunda derrota del Estado mexicano frente al crimen organizado. Y esto dado que sus palabras indican pago de sobornos en distintos gobiernos para permitir la libre operación de alguno de los cárteles de droga.
Sobran hechos que respaldarían esta afirmación y todos hemos sido testigos de la violencia desatada que amenaza el orden público. Pues tan solo falta ver las fallas en la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, para darnos cuenta de ello.
Estos “errores” estratégicos en la redada, más bien podrían conjurar filtraciones de información pertinentes para los grupos delictivos con lo que se aseguró la libertad del joven capo el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
Lo realmente cierto es que si Genaro García Luna resulta culpable de los cargos que se le imputan debe ser castigado, pero también se deben desempolvar las investigaciones que causaron la muerte de Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, pues frente a la ley debe de haber intocables que hagan y deshagan a voluntad. Pero si no es el caso, también se debe dejar en claro cuáles fueron las fuentes que llevaron a la corte a pedir su aprensión.
En verdad es una pena que este tipo de casos se tengan que procesar fuera de México, pero todo es parte de lo mismo, pues nuestro país en primera instancia requiere de una fiscalía autónoma y un Poder Judicial independiente para poder avanzar a un sistema de Justicia robusto e incorruptible para que los pendientes con la justicia de los funcionarios públicos sean castigados.